Por Martín Suárez
@MDSuarez
Uno de los temas más sensibles en la ciudad de Buenos Aires en materia educativa, es quizá, la falta de vacantes en la educación pública. Cada año miles de familias que intentan inscribir a sus hijas/os en los diferentes niveles, comprueban en carne propia lo difícil que es obtener un lugar en las aulas de la Ciudad. El gobierno maneja números oficiales sobre la cantidad de chicas y chicos sin vacante, pero siempre se niega a entregarlos, salvo, que la justicia determine que debe hacerlo, ya que ignora por completo cada pedido de informe que realiza la legislatura porteña.
Según datos oficiales, “el 15 de febrero se registraba la faltante de las siguientes vacantes: 14.500 para el nivel inicial, 2000 en primaria, 480 en enseñanza media. Esa era la demanda no satisfecha”, nos señaló Laura Marrone, ex legisladora integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura. Sumando todos los niveles obtenemos un dato contundente: en la Ciudad de Buenos Aires hay, en principio –más adelante vamos a aclarar porqué– casi 27 mil pibes sin vacante.
Mientras el Gobierno demora la entrega de datos oficiales que tendrían que brindarse sin mediación de la justicia, “gana tiempo”, juega a confundir a la sociedad, a los propios legisladores y a los referentes de la educación, con el objetivo de no reconocer la crisis educativa.
Para el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, “es lamentable que para que el gobierno dé a conocer estas cifras, haya que obligarlo a través de pedidos de informes de los legisladores o, incluso, demandas judiciales. Es lo que viene ocurriendo en los últimos años”. López reconoce que “la falta de vacantes aumenta año a año desde que el macrismo asumió el Gobierno de la Ciudad”.
El hermetismo mediático sobre este tema en los grandes medios de comunicación es absoluto. Lo cierto es que hace 10 años el presupuesto educativo representaba el 30 por ciento del total. Este 2018 apenas llega al 18 %. Concretamente: la Ciudad invierte cada año menos en educación.
En el ámbito nacional, el propio Mauricio Macri prometió la construcción de 3 mil jardines de infantes en dos oportunidades: durante todo el 2015 en plena campaña electoral y lo reafirmó el 11 de mayo de 2016 en La Pampa. Según el último informe de CTERA publicado en agosto de 2017, en dos años de gestión, el macrismo no construyó un solo jardín de infantes. Las pocas veces que Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de educación, Soledad Acuña, fueron consultados sobre la falta de vacantes, desviaron el tema hablando sobre la inauguración de los Centros de Primera Infancia (CPI). “Para el Gobierno de la Ciudad la educación es un gasto y no una inversión. Por eso prefieren tercerizar en ONG´s aquello que es una función indelegable del Estado definida en el art. 24 de la Constitución de la Ciudad”, señaló la legisladora y vicepresidenta de la Comisión de educación, Lorena Pokoik, en diálogo con nosotros.
Los CPI no están relacionados con la gestión pública, son centros privados subsidiados por el gobierno y, según datos oficiales, “la Ciudad cuenta con 72 Centros de Primera Infancia (CPI), espacios que brindan contención (…) a 10.213 niños y niñas de entre 45 días y 4 años”. (1)
Para Federico Puy, Congresal de UTE-CTERA lista marrón, “los CPI son la precarización del sistema educativo que brindan una educación ‘de segunda’. No quiere que haya niños que tengan la posibilidad de acceder a una verdadera educación, con todo lo social y cultural que se pone en juego en la escuela”.
A esta altura muchos se preguntarán: “¿Pero cuál es el problema con los CPI?”. Los Centros de Primera Infancia no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, los CPI no responden a una currícula educativa, no están dirigidos por un cuerpo docente, ni contenidos con herramientas pedagógicas. Con los CPI el gobierno convierte en realidad su sueño, que en la escuela no haya trabajadores de la educación, sino colaboradores; que los gremios docentes ya no puedan discutir salarios, pues si este modelo persiste en el tiempo, poco a poco desaparecerán.
Para poner un ejemplo distópico –y no tanto– resultaría semejante que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, subsidiara a vecinos de una localidad, con armas, uniformes y vehículos, porque rechazan que en su zona haya efectivos policiales. Más allá de las creencias que cada uno tenga de las fuerzas de seguridad, nadie imagina que éstas no dependan del Ministerio de Seguridad. Con dedicación y esfuerzo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires logró instalar que los CPI son jardines de infantes legítimos. Tal es así que, tanto organizaciones que luchan por la falta de vacantes, como referentes de la educación en la impronta de arrojar un número. La primera cifra que lanzan para este 2018 es de 17 mil alumnos/as sin vacante, despreciando en primera instancia los 10.213 pibes/as que se encuentran en los CPI. No lo hacen con “mala intención” o porque son cómplices del gobierno, sino porque nadie escapa de estar atravesado por la fuerte movida mediática y la instalación de cifras engañosas. Lo indiscutible, es que si nos manejamos solamente con números oficiales y sumamos los 17 mil alumnos/as sin vacante, más los 10.213 chicos/as que están contenidos en los Centros de Primera Infancia, hay más de 27 mil pibes/as excluidos de la educación pública y gratuita.
Desde el colectivo de madres y padres organizados “La Vacante Es Un Derecho”, afirman que esto “es parte del engaño mediático que propone esta gestión. En esta línea del vaciamiento, se maquillan los números para hacer pasar a estos niños como escolarizados (…) lo grave no es tanto la difusión mediática del número. Lo verdaderamente grave es que hay familias que no entienden esta diferencia entre CPI y jardines”.
Por su parte Eduardo López, afirma que este modelo “CPI versus jardines de infantes”, “enfrenta a quienes consideran a la educación como una mercancía más que debe ser regida por las reglas del mercado y a quiénes creemos que la soberanía educativa de un país debe estar en manos de los estados democráticos porque son los representantes legítimos de la voluntad colectiva” y agrega que “en el caso del macrismo es doblemente grave, porque además esas manos privadas representadas por empresas y ONG´s –que manejan los CPI– son, muchas veces, las mismas manos de los funcionarios que manejan lo público”.
Si llegaron hasta aquí ya no cabe ninguna duda: en la Ciudad de Buenos Aires hay –sin titubeos– 27 mil chicos/as sin vacantes, y los más pequeños –45 días a 4 años de edad– son los que sufren las mayores consecuencias de esta crisis educativa.
La pregunta sería entonces ¿Por qué a los 72 Centros de Primera Infancia, el gobierno les niega que estén bajo la órbita del Ministerio de Educación? “Porque reduce costos y responsabilidades. No contrata personal, lo que le permite eludir cargas sociales, vacaciones, licencias, salarios docentes. Por otro lado elude la responsabilidad civil en caso de accidentes, que aspira a que caigan sobre esas asociaciones”, explica la legisladora mandato cumplido, Laura Marrone.
Con orgullo el gobierno señala con datos oficiales que “El 70% de las vacantes –en los CPI– corresponde a chicos del Sur de la Ciudad”. Sobre esto, la directora del Centro de Estudios de Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Adriana Clemente, recuerda que “la implementación de los CPI en la Ciudad, fue una política de María Eugenia Vidal” cuando integraba la cartera de Desarrollo Social porteña, “Si la gente no tiene opciones toma lo que se les ofrece y los CPI pasaron a ser una alternativa para los más pobres, para aquellas familias que salen a trabajar y no tenían dónde dejar a sus hijos”. En el mismo sentido advierte, que “A los CPI los encontrás también en Recoleta, en otras zonas, sólo que ahí es una oferta marginal para aquellos que no viven en esos barrios pero que sí trabajan, como las empleadas de hogar que se desempeñan en esas zonas. De eso se trata, de generar una compensación, un enfoque residual de la política social, muy típico del gobierno del PRO en la Ciudad”.
Sin caer en la tentación de faltar a la verdad, estamos en condiciones de asegurar que un chico/a en un CPI es otro alumno/a sin vacante en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso se trata de un pibe/a que asiste a un lugar de contención, no de educación, manejado por una institución privada, subsidiada en un 100% por el Estado, en muchos casos con un equipo sin formación docente, y con sueldos muy precarizados en comparación a los de un maestro/a.
(1) (https://bit.ly/2qw597b).
