La suspensión de actividades en la PIAP fue dispuesta por el Gobierno de Mauricio Macri en 2017 y forzó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a importar desde Rumania el agua pesada para la operación de las centrales argentinas, por lo que desde ese organismo se trabaja ahora en un plan para su reactivación.
La doctora en física, investigadora del Conicet y presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, afirmó en diálogo con Télam que cuando se construyó la PIAP “se invirtieron 1.400 millones de dólares en la mejor tecnología de ese momento y se la pensó para abastecer al menos cinco centrales nucleares
“Su último período de funcionamiento fue hasta 2017 cuando se fabricó la cantidad de agua pesada para el funcionamiento de Atucha II y en una parada técnica de mantenimiento el Gobierno de Macri decidió no volver a ponerla en marcha”, explicó Serquis.
La titular de CNEA sostuvo que se tomó esa decisión “bajo la mentira de que había suficiente stock para el resto de la vida útil de nuestras tres centrales y que no iba a haber una nueva central de uranio natural porque el mundo avanzaba hacia las de uranio enriquecido.
La científica estimó que la planta tiene dos líneas de producción y detalló que con que una sola trabaje “es posible producir en 5 o 6 años la cantidad de agua pesada que nuestras centrales van a demandar por el resto de su vida útil”.
La PIAP es propiedad de la CNEA y es operada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), una sociedad compuesta en un 51 por ciento por esa provincia y en un 49 por ciento por la propia CNEA, que tiene a su cargo el contrato de mantenimiento de las instalaciones mientras se negocia otro nuevo para su puesta en marcha, un proceso que podría llevar de 20 a 30 meses.
En tanto, sus trabajadores no dejaron de insistir en la reactivación, y en este contexto se reunieron con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, para evaluar los planes del futuro cercano para la PIAP.
Nicolás Ventura, secretario general de la Junta Interna de ATE PIAP, participó del encuentro y en diálogo con Canal Abierto comentó: “Por varias declaraciones que vinieron haciendo, tanto de CNEA como el Ministerio de Energía, nos surgió la necesidad de tener una reunión con Serquis para clarificar qué es lo que se planea hacer con nosotros”.
“Desde 2018, cuando se paralizó la planta, las únicas actividades que hemos estado haciendo son de conservación de equipos, tratando de tenerlos en las mejores condiciones para el momento del arranque”, señaló Ventura.
En este sentido, agregó: “Éramos aproximadamente 500 trabajadores. Actualmente queda un plantel de 105. Desde que se paralizó la planta con el gobierno de Macri, muchos compañeros se vieron forzados a hacer los retiros voluntarios o renunciar, sobre todo por la situación en la que estábamos. Prácticamente tuvimos cuatro años sin recomposición salarial, cobrábamos los sueldos desfasados o en cuotas”.
