El Gobierno porteño informó hoy que no retomará la obra del corredor verde en la avenida Honorio Pueyrredón, en el barrio de Caballito, y acatará la resolución de la Justicia local que ordenó la suspensión de las tareas viales tras comprobar que generaban niveles de ruido superiores a los permitidos.
La obra, anunciada a fines del 2021, generó polémica entre los residentes de la zona que consideraron que traería consecuencias negativas en materia de tránsito debido a la clausura de una vía de circulación, por lo cual presentaron un amparo judicial para evitar su ejecución.
La medida de acción colectiva tuvo respuesta favorable en tres oportunidades por decisión del juez en lo contencioso, administrativo y tributario 15, Víctor Trionfetti, que, por distintos motivos, ordenó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta la suspensión de las tareas sobre la avenida Honorio Pueyrredón.
En la última ocasión, a inicios de mes, el magistrado dispuso nuevamente la detención de la obra al considerar que su ejecución por parte del Gobierno de la Ciudad exhibía “un claro menosprecio por la cuestión ambiental y la calidad de vida de los vecinos” por reportar un impacto ambiental a raiz de los altos niveles de ruido que provocan las maquinarias.
Si bien regía la obligación a la empresa a cargo del proyecto para colocar un vallado de protección acústica, Trionfetti evaluó que la medida no alcanzaba ya que accedió a mediciones que dieron como resultados niveles sonoros superiores a los establecidos en la ley 1540, destinada a prevenir la contaminación acústica.
A 25 días del fallo, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) emitió una resolución que autorizó “de forma excepcional” la continuidad de las tareas ante “la imposibilidad técnica de respetar los límites máximos permisibles de emisión en ambiente exterior” pautados en la ley mencionada.
Y ayer jueves, el Gobierno porteño adelantó que, bajo el paraguas de la resolución del organismo ambiental, iba a reactivar la obra en el barrio de Caballito.
Sin embargo, el anuncio duró menos de 24 horas dado que el magistrado envío una notificación a la administración porteña en la que adelantó el inicio de una investigación para determinar “una eventual existencia o no del delito de desobediencia o de otra naturaleza por parte de APRA”.
Según fuentes porteñas, tras recibir el aviso judicial, se determinó la marcha atrás con la idea de retomar los trabajos y acatar la medida de suspensión mientras esté vigente
