El reciente anuncio del gobierno nacional respecto a la quita de subsidios a más de 1600 colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha generado una serie de interrogantes y controversias sobre sus implicaciones económicas y sociales, así como sobre posibles ajustes en las tarifas del transporte público.
Según el vocero presidencial Manuel Adorni, 1.637 de esas unidades presentaban “irregularidades”, y por ese motivo el Gobierno pasó la motosierra. Se estima que esta acción generaría un ahorro mensual de $6.200 millones para el Estado nacional.
Sin embargo, las cámaras empresariales cuestionan la metodología utilizada para determinar estas irregularidades y la necesidad de los recortes: “aseguran que la cuenta está mal hecha”.
El debate se centra en si la cantidad de colectivos subsidiados es acorde a las necesidades reales del servicio. Mientras el gobierno argumenta que se calcula sobre una flota de 18.300 unidades, algunos sectores sostienen que esta cifra no refleja la situación operativa, ya que una parte de los colectivos suele estar fuera de circulación por mantenimiento en talleres mecánicos. Además, se destaca que el ahorro no necesariamente se traducirá en una mejora directa del servicio, ya que podría implicar una reducción en la frecuencia de los viajes, afectando la calidad percibida por los usuarios.
Aunque las cámaras empresariales descartan aumentos en el corto plazo, cuestionan cómo se ajustará el cuadro tarifario en el futuro, especialmente ante la reducción de los subsidios estatales. Es importante destacar que cualquier cambio en las tarifas debe contar con la aprobación del gobierno nacional, lo que añade incertidumbre sobre el panorama tarifario a partir de abril.
El contexto previo ya había visto aumentos significativos en las tarifas del transporte público, con incrementos del 250% implementados en febrero.
Estos incrementos han impactado directamente en el presupuesto de las personas laboralmente activas que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.
A partir del 1° de abril, quienes no hayan registrado su tarjeta SUBE enfrentarán tarifas aún más elevadas, lo que agrava la situación para los sectores más vulnerables de la población.
En este escenario, la UTA se muestra en estado de alerta, no sólo por los posibles recortes en el servicio debido a la quita de subsidios, sino también por incumplimientos en la paritaria firmada a comienzos de febrero.
En conclusión, la quita de subsidios a los colectivos en el AMBA plantea una serie de desafíos económicos y sociales que afectan tanto a los usuarios del transporte público como a los trabajadores del sector. La incertidumbre sobre posibles ajustes en las tarifas y la calidad del servicio genera preocupación entre la población, especialmente en un contexto de aumentos previos significativos
