El acuerdo entre Macri y Scioli para incrementar la cantidad de residuos que la Ciudad entierra en el conurbano fue celebrado como un éxito de la convivencia entre distritos, pero la iniciativa es un claro retroceso para el ambiente y los residentes próximos a los futuros basurales.
El acuerdo firmado ayer entre Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su homólogo de la provincia de Buenos Aires, el Gobernador Daniel Scioli establece que la Ciudad de Buenos Aires “afrontará los costos que demandarán la construcción y puesta en marcha” de dos estaciones de transferencia y de dos centros de gestión integral para el tratamiento de residuos con relleno sanitario, y dispone “un incremento general del 20 por ciento de las tarifas vigentes para la disposición final”.
El acuerdo insta al CEAMSE a desarrollar antes de 2016 “otros sistemas y tecnologías de disposición final de residuos que garanticen la protección de la salud de las personas y del ambiente”. No se destinan recursos para tal fin aunque si exhortaciones al directorio del CEAMSE a que “extreme sus esfuerzos” en ese dirección.
Resultan al menos curiosas las declaraciones de Macri: “…estamos muy comprometidos en reciclar y reducir la cantidad de basura que producimos” dijo en el acto de la firma del convenio, a pocos días de haber dispuesto el retiro de los contenedores barriales para la separación domiciliaria de residuos húmedos y secos.
En ese contexto es aún más contradictorio el llamado a “una campaña de educación, un comportamiento cívico distinto y una actitud de colaboración por parte de la ciudadanía que hasta hoy en la Argentina ha existido poco con relación a otros países que ya han avanzado muchísimo y que alcanzaron elevados porcentajes de reciclado“.
Macri parece no entender, o no querer entender, que las campañas de educación son algo más que spots televisivos. La presencia de los contenedores en cada cuadra ha sido la mejor iniciativa para estimular el comportamiento responsable del vecino de la Ciudad. Como todo cambio de costumbres requiere tiempo, algo que la actual administración no se preocupó en otorgarle. Los retira mucho antes de haber completado el programa, sin una evaluación documentada y sin que en la mayoría de los barrios hayan siquiera visto uno.
