La Cámara del Crimen rechazó la intención del Gobierno porteño que encabeza Mauricio Macri de actuar como “querellante” en la causa en que se investigan los actos de represión ocurridos en abril durante un desalojo en el Hospital Borda ya que podría pasar a ser “imputado”.
La pretensión “de actuar en el proceso en representación del Gobierno de la Ciudad no puede prosperar pues acceder a ello instauraría en la pesquisa del evento una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores”.
El titular de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D`Albora, había pedido que el gobierno porteño fuese “tenido por parte querellante” pero la Cámara negó momentáneamente esa posibilidad, al tiempo que reconoció que la pesquisa se encuentra en “estado embrionario”.
Los camaristas Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas recordaron que durante el violento desalojo del Taller Protegido 19, del 26 de abril último, protagonizado por la Policía Metropolitana “también habrían resultado heridos” pacientes y médicos, entre otros.
El Gobierno porteño quería ser querellante argumentando que “en circunstancias en que personal de la Policía Metropolitana prestaba colaboración a fin de que pudiera ejecutarse en dicho predio la `Construcción de los Edificios del `Nuevo Distrito Gubernamental`, un grupo de personas reaccionó físicamente contra los uniformados”.
La administración macrista señala que, en ese marco, efectivos de la policía porteña sufrieron “distintos tipos de lesiones, y a su vez habrían dañado tanto los elementos de protección que portaban estos últimos, como los cercos perimetrales de la obra”.
Sin embargo, los camaristas respondieron que “con motivo del accionar policial también habrían resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio de mención, así como periodistas, legisladores y agentes gremiales” (Télam).
