El amparo fue solicitado por el Observatorio de Derechos Humanos. El abogado Eduardo Barcesat había hecho otro, desestimado por la Justicia Federal.
El ODH radicó un amparo en la Justicia penal de la Ciudad, tras el rechazo del Juez Bonadío a la presentación realizada por Barcesat, a la que se sumó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo.
En esa causa, el juez se declaró imcompetente por entender que la denuncia contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el Ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, corresponde al fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires. Las pistolas “fueron adquiridas por autoridades locales, para una fuerza de seguridad local y abonadas con fondos de esa administración” sostuvo Bonadío. El amparo recaerá en un juez de instrucción de la Justicia porteña.
La presentación del Observatorio radicada en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires pide citar a prueba testimonial al jefe de la policía,Eugenio Burzaco, e involucrar al Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que se expida sobre los efectos de las descargas eléctricas en las personas. La Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas cataloga a las Taser como armas que “constituyen elementos de tortura”.
