Un nuevo capítulo del prolongado conflicto entre vecinos y organizaciones de La Boca y el Gobierno de la Ciudad por el destino de los terrenos vacantes de Casa Amarilla acaba de tener lugar en estos días.
En efecto, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad llamó a licitación para construir allí 438 viviendas, poco más de un tercio respecto al plan original, en las tres hectáreas que la comunidad local desea preservar como espacio público.
La contienda comenzó en diciembre de 2004 tras conocerse el llamado a licitación para edificar monoblocks con un total de 1231 departamentos en una operatoria del Instituto de la Vivienda destinada a personas de recursos medios. El 29 de ese mes un conjunto de organizaciones barriales nucleadas en el Moviemiento por el Resurgimiento de La Boca presentaba un recurso de amparo contra el Gobierno de la Ciudad “a efectos de prevenir daños irreversibles al ambiente” declarando su oposición a “las disposiciones manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en espacios verdes irremplazables”.
Este medio viene ocupándose desde entonces de las alternativas judiciales con más de cincuenta notas a cuya lectura remitimos.
Cabe destacar, no obstante, un aspecto crucial en la disputa ya que la posición vecinal incluía una solución ideal: utilizar los recursos en construir la misma cantidad de unidades de vivienda en fracciones disponibles en el resto de La Boca, muchas de las cuales, pertenecen al propio Instituto de la Vivienda, preservando los terrenos de Casa Amarilla como espacio verde público.
La iniciativa vecinal se vio plasmada en la ley 2240, promulgada en febrero de 2007, que declara a La Boca en emergencia urbanística y ambiental “en lo que hace a la vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y de actividades productivas”
En su parte resolutiva crea “la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del barrio La Boca” , que debía “dar cumplimiento a los objetivos de renovación y consolidación urbana y mejoramiento ambiental” del barrio.
La Unidad Ejecutora fue conformada con seis representantes de distintos ministerios del Gobierno de la Ciudad e incluía la participación vecinal hasta tanto se formalizara la Junta Comunal de la Comuna 4.
Funcionó durante 2007 pero al asumir Mauricio Macri , el Gobierno de la Ciudad retiró a sus representantes y el organismo creado por ley dejó de existir.
Se frustró, de esa manera, la expectativa vecinal de un plan maestro consensuado que incluyera los terrenos en disputa de Casa Amarilla y la construcción alternativa de viviendas en no menos de 300 lotes que se incluyeron como anexo de la ley 2240.
Así las cosas, la contienda siguió su curso en estrados judiciales, cuya última novedad es la audiencia convocada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, a raíz del nuevo llamado a licitación del Instituto de la Vivienda.
En ese Juzgado se está sustanciando una causa iniciada por la Asociación Civil Casa Amarilla que nuclea a preadjudicatarios del plan, eventuales beneficiarios de la construcción proyectada.
Si bien el Movimiento por el Resurgimiento de La Boca no es parte querellante en esta causa, los jueces consideraron razonable disponer les sean giiradas las actuaciones pertinentes.
Desde la organización barrial se aprestaban a interponer un nuevo amparo en el que insistirán con la preservación del espacio verde y la construcción alternativa de viviendas en terrenos ociosos del IVC.
Si bien la medida cautelar apunta a impedir que se concrete la licitación de las obras, también incursionarían en la adjudicación directa de los departamentos a 400 preadjudicatarios designados por la Asociación Civil Casa Amarilla, violentando en apariencia los propios estatutos del IVC y dejando afuera de un eventual sorteo a otros 3600 inscriptos en el plan.
