VÍCTIMAS DE CROGMAÑÓN
El Ejecutivo prepara un decreto de necesidad y urgencia
Legisladores del macrismo presentaron un proyecto de ley que tipifica la condición de beneficiario de indemnizaciones a las personas con daños físicos y psicofísicos derivados del incendio en República de Cromañón y las que acrediten su condición de herederos respecto de alguna persona fallecida como consecuencia del mismo. Quedan excluídos familiares o herederos de víctimas a quienes se hallaran culpables del siniestro. Las indemnizaciones por muerte ascienden a 300.000 pesos; 180.000 por lesiones gravísimas; 100.000 por lesiones graves; y 50.000 por lesiones leves. El proyecto prevé la creación de una comisión de seguimiento integrada por seis legisladores, presidentes de otras tantas comisiones del Parlamento porteño, el Defensor del Pueblo y el Auditor General de la Ciudad más un representante del Ministerio Público.
A su vez, el Gobierno de la Ciudad prepara un decreto de necesidad y urgencia con los mismos montos, a los que llama “reparaciones” y en el que –según se afirma en esferas oficiales– se venía trabajando desde antes de conocerse la presentación del macrismo.
Por otro lado una demanda civil de siete sobrevivientes de la tragedia de República Cromañón contra el jefe de gobierno porteño pide el pago de una indemnización de 500 mil pesos, a la que Anibal Ibarra debería responder con sus bienes personales. La demanda se extendería a otros funcionarios una vez que los abogados patrocinanates conozcan los nombres de quienes tenían a su cargo la inspección de la disco.
No está claro si esta clase de acción civil que los damnificados o familiares de las víctimas emprendiesen contra funcionarios del Gobierno los inhibe de cobrar las indemnizaciones previstas. Tanto en el proyecto presentado por legisladores del macrismo como en el decreto de necesidad y urgencia que prepara el ejecutivo porteño, quien acepte cobrar deberá renunciar a iniciar un juicio civil a la administración comunal. Queda por verse si las acciones personalizadas estarán ingualmente excluídas, algo que se da por descontado si –tal como se prevé– la medida sale mediante decreto de necesidad y urgencia.
En cualquier caso, no podrían impedirse las acciones por la responsabilidad penal que pudiera caberles a los funcionarios del Gobierno, previsión que está contemplada explícitamente en el proyecto presentado el lunes en la Legislatura. Se da por descontado que el decreto comunal no abordará el tema, ya que juridicamente no se podría eludir las obligaciones en ese ámbito mediante un decreto, ni tampoco parece sensato desde el punto de vista de la Administración Comunal explicitar una instancia que bordearía la autoincriminación.
