Fue aprobado un despacho de mayoría de la comisión legislativa de Planeamiento Urbano, en base al proyecto enviado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.
Dicho texto se incorporará al Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires como un nuevo inciso de las especificaciones referidas a la Plaza de Mayo, en el apartado de Áreas de Protección Histórica (APH1). Para ello, primero deberá discutirse la iniciativa en Audiencia Pública y luego, en segunda lectura, votarse su sanción definitiva. Unidad Ciudadana, a instancias del legislador Javier Andrade, presentó un despacho en minoría para pedir el archivo del proyecto oficial.
Los vallados de seguridad aparecieron en la Plaza ad a fines de 2001 y comienzo de 2002, como contención metálica inicialmente precaria para protección de la sede gubernamental durante manifestaciones populares. En los siguientes años las vallas se ampliaron, aferraron, soldaron y/o cementaron; incluso en 2013 se colocó una reja.
En 2018 la Jefatura de Gobierno inauguró importantes remodelaciones en la plaza, entre ellas la colocación de una reja permanente, de mejor calidad estructural y estética, con portones para permitir o restringir el ingreso a la mitad de la plaza más próxima a la Casa Rosada, ya fuere para peatones o para vehículos que deban transitar por las calles Yrigoyen o Rivadavia.
Por acción de la ong Observatorio del Derecho a la Ciudad, que presentó un recurso de amparo, el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nro. 8, a cargo del juez Osvaldo Otheguy, declaró ilegal a ese cerco por no haber sido autorizado por ley, ya que se trata de un Área de Protección Histórica Específica.
La norma en debate, que obtuvo su primera aprobación en Comisión, busca resolver la legalidad de las adecuaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad, dejando taxativamente autorizada la instalación de ese cerco e incorporando el plano de las rejas al Atlas del nuevo Código Urbanístico.
“La instalación del cerco de seguridad aludido tiene por objeto proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano, así como también garantizar las cuestiones relativas a la seguridad de los ciudadanos y de la Casa Rosada”, consigna el dictamen de mayoría de Planeamiento Urbano, parafraseando los fundamentos de la Jefatura de Gobierno de la CABA.
