En un nuevo revés para la empresa desarrolladora TGLT y el gobierno porteño, la Sala ll de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó las apelaciones y confirmó la sentencia de primera instancia que declaró nulos los permisos de obra por ilegales.
El fallo de la Cámara porteña ratificó que las alturas autorizadas por el Gobierno de la Ciudad para la construcción del edificio Astor San Telmo superan las alturas máximas permitidas por la normativa. La Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) había autorizado a construir sobre ambas calles aproximadamente 30 metros de altura, cuando sólo se permite 22 metros sobre Caseros y 13 metros sobre Bolívar.
El amparo ahora admitido por la Cámara fue dictado con fecha 30 de agosto de 2018 por el juez Pablo Mantaras, del juzgado porteño Contencioso Administrativo y Tributario 3. En la demanda se cuestionó la legalidad de las autorizaciones y permisos otorgados a la empresa TGLT para la construcción del ASTOR San Telmo que abarca todo el frente de una cuadra sobre la avenida Caseros entre Bolívar y Perú.
El amparo fue impulsado por la Asociación Vecinal Casco Histórico Protege y la Asociación Civil Basta De Demoler con el asesoramiento jurídico y patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. El expediente fue iniciado por Basta de Demoler y por los vecinos de Casco Histórico Protege. “Como el gobierno porteño últimamente presiona a los vecinos que se atreven a firmar amparos, se hizo necesario que fuera una asociación vecinal la que presentara el caso, con Basta de Demoler aportando su experiencia y el Observatorio del Derecho a la Ciudad asesorando jurídicamente” sostuvo entonces Sergio Kiernan, especialista en la temática urbana.
Tras la confirmación de la Cámara, el arquitecto Carlos Blanco, integrante de Basta de Demoler, dijo a Página12 que la apelación “del Estado haciendo cuerpo único con la empresa deja a la vista cómo funciona el negocio inmobiliario en la Ciudad”, y señaló que “en otra época, al comienzo de la gestión del macrismo en la Ciudad, las cosas estaban divididas y había cierto “pudor”, donde el Estado no recurría ante la segunda instancia. Ahora es un sello de la gestión del Pro, que muestra directamente la connivencia del Estado con las empresas para hacer negocios inmobiliarios, al punto de creer, por el nivel de impunidad, que es posible hacer cualquier cosa, incluso en áreas de protección histórica”.
