Julio desapareció por segunda vez el 18 de septiembre de 2006, día en que se dieron los alegatos en el Juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, quien finalmente recibió condena perpetua en el marco de genocidio. Julio no pudo estar presente en ese momento histórico en el que la Justicia de los Tribunales le dijo genocida a Etchecolatz. López fue querellante y uno de los principales testigos en ese Juicio, porque entre 1976 y 1979 estuvo detenido-desaparecido en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio del denominado “Circuito Camps”.
La desaparición forzada de López se llama Impunidad. Es la consecuencia de los resabios de la dictadura que perduran en la democracia, sumado a la falta de respuesta por parte del gobierno de Kirchner ante la gravedad de los hechos. Era previsible que los represores no fueran a quedarse inmóviles cuando finalmente les llegara el tiempo de sentarse en el banquillo y responder ante la Justicia y el pueblo argentino. Después de 32 años se enfrentan a una posible condena a reclusión perpetua y en cárcel común. Y por eso mismo es fundamental una protección eficaz a testigos, querellantes y abogados y que los acusados esperen los Juicios en cárceles comunes. Esto se hizo evidente con la desaparición forzada de López y la muerte del represor Febres.
A diario vemos las consecuencias del genocidio contra el que lucharon los 30.000 desaparecidos y los sobrevivientes, entre ellos Jorge Julio López. Y también vemos que el aparato represivo de entonces aún no ha sido desmantelado por completo. Lo vemos, por ejemplo, con las miles de víctimas del gatillo fácil de los policías asesinos, lo vemos con la represión a las protestas sociales, lo vemos con las amenazas y secuestros a testigos, querellantes y abogados. Por eso sostenemos que el pasado está presente todo el tiempo, aunque algunos lo nieguen. Está presente porque con López se reprodujo la misma práctica de desaparición forzada que hace 30 años, está porque todavía no sabemos qué pasó con cada uno de los 30.000 desaparecidos, está porque aún hay alrededor de 400 jóvenes que no conocen su identidad, y está porque el presente es consecuencia de ese pasado que impuso un modelo económico, político y social de exclusión de las mayorías y enriquecimiento de unos pocos, masacrando a una generación y condenando al país a la pobreza. El pasado está caminando por la calle gozando de impunidad.
Después de 30 años de impunidad algunos genocidas están siendo condenados. Pero sólo podemos ver algunos Juicios, porque el Tribunal Oral Federal Nº 5 prohíbe el acceso de cámaras, impidiendo así la televisación de los Juicios a los represores, Juicios históricos que la sociedad esperó por 30 años. Este impedimento del Tribunal integrado por los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías contribuye a la impunidad: toda la sociedad debe conocer las caras de los represores y las reivindicaciones que hacen de sus crímenes ante la Justicia y el pueblo. Los escuchamos decir una y otra vez que no se arrepienten de haber torturado y asesinado. Defienden una y otra vez sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Desde hace 2 años exigimos saber qué pasó y dónde está el compañero Julio López, quiénes son los responsables de su desaparición, cómo pudieron operar igual que hace 30 años. Por eso seguimos exigiendo que de una vez por todas avance la investigación desde el Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía. Es inconcebible que la Justicia haya tardado 19 meses en caratular la Causa como “Desaparición Forzada de Persona”, cuando desde el comienzo se sabía que se trataba de la desaparición de un testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad. Es intolerable que no se haya avanzado lo necesario y que la investigación haya sido lenta e ineficaz: los secuestradores tuvieron 48 horas desde que se llevaron a Julio para operar impunemente, hasta que el Estado comenzó la investigación. Es muy grave también que todavía no se haya profundizado la investigación en el Penal de Marcos Paz, donde están alojados más de 40 represores, entre ellos Etchecolatz. En la investigación ya se encontraron pruebas de la conexión con ese lugar, pero todavía no sabemos quiénes son los culpables que operan desde ahí. Además, exigimos que se aparten de la investigación a las Fuerzas de Seguridad, porque ellas mismas son sospechosas.
A 2 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López seguimos exigiendo su aparición con vida y una respuesta inmediata por parte del Gobierno y la Justicia.
