Buenos Aires, 7 de marzo (Télam Investiga).-La Asociación para la Defensa de la Competencia -ADC- fue fundada el 21 de noviembre de 2000. Uno de los socios fundadores es Carlos Fernando Rosenkrantz, quien ocupó el cargo de presidente; otro es Gabriel Bouzat, nombrado tesorero de esa asociación.
Los dos fundadores de la ONG son abogados y socios principales de Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, estudio fundado en 1991 y cuya sede comparte con la ONG de la que son autoridades. En la sección llamada Nuestros Clientes del sitio Internet del bufete se informa que “Las siguientes empresas son o han sido clientes del Estudio y nos han otorgado su autorización para mencionarlas”.
Entre más de una veintena de firmas que destaca, se encuentran Grupo Clarín y Cable Visión. La combinación de representación profesional ejercida por el estudio jurídico a cuenta de intereses individuales, y la gestión institucional hecha por la ADC en nombre del interés público, le permite al bufete brindar servicios que seguramente son valorados por su clientela. La ONG de Bouzat y Rosenkrantz presentó un amparo a favor de Cablevisión y contrario a la Resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, por la que se declaró la caducidad de la licencia para la prestación de los servicios de internet y telecomunicaciones que estaban a nombre de Fibertel, firma que fue absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado.
El 24 de febrero del corriente año, los jueces Graciela Medina y Ricardo Recondo, integrantes de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, resolvieron a favor del amparo presentado por la ADC.
En la mesa de entrada de la Sala III se le informó a Télam Investiga que el expediente del caso Fibertel se halla bajo “carácter de reservado”, mientras que en la oficina de asignación de causas de la Cámara Civil y Comercial en lo federal se le hizo saber que había dos causas iniciadas por la Asociación para la Defensa de la Competencia, ambas contra la Secretaría de Comunicaciones.
Una es “Asociación para la Defensa de la Competencia c/ Estado Nacional Secretaría de Comunicaciones s/ amparo” y la otra “Asociación para la defensa de la competencia c/ Estado Nacional, Ministerio de Economía, Secretaría de Política Económica y otros s/ acción meramente declarativa”.
En esta última causa, la ADC se opuso a la Resolución de la Secretaría de Política Económica 148/2010 alegando que la misma le daría “concentración económica y/o influencia sustancial” a Telefónica de Argentina SA y Telecom Argentina SA. De acuerdo con la información brindada por la Cámara Civil y Comercial Federal, la ADC no tuvo otras intervenciones.
Por ejemplo, no realizó ningún planteo en defensa de la competencia contra el monopolio de los medios audiovisuales, aún cuando dentro de los propósitos que figuran en el estatuto de la Asociación dice “promover la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”.
Los jueces de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal parecen no haber advertido que los representantes de la Asociación para la Defensa de la Competencia -Carlos Fernando Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, Virginia Irene del Aguila y Guillermo Diaz Reynolds- son todos miembros del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, entre cuyos principales clientes figuran Cablevisión SA y Grupo Clarín.
