A PARTIR DE JULIO 2010 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Por Patricia Colace *
Las objeciones médicas tienen dos ejes. El primero, el que la idea de la prohibición o no de manejar bajo los efectos de un medicamento no debería ser una discusión social o de seguridad, si no que es sanitaria y pertenece a la medicina; por lo que si un médico receta en conciencia de que su paciente puede manejar la ley no debería impedírselo. El segundo, tiene que ver más con la farmacología de las benzodiazepinas y sus usos y efectos: Muchas benzodiazepinas se utilizan en el alivio del dolor y la relajación muscular, y no producen deterioro en el manejo; personas que sufren ciertas lesiones o enfermedades crónicas muy dolorosas -y que manejan perfectamente- se verían obligados o bien a no conducir o a manejar con dolores (con lo que seguramente serán mas peligrosos). Por otra parte, en el caso de muchas medicaciones de benzodiazepinas recetadas en el ámbito de la salud mental, que tienen que ver con casos -por ejemplo- de tics o ansiedades contracturantes, es justamente el medicamento el que permite al paciente manejar; sería mucho mas peligroso sin él.
Basados en la amplia investigación y experiencias existentes, y aún sin considerar los dos puntos anteriores -una reglamentación poco sólida y una determinación de sustancia/dosaje discutible- podemos afirmar que los controles viales de drogas en la Ciudad no están siguiendo el curso correcto.
Los instrumentos elegidos para las tomas de muestras no tienen valor probatorio en ninguna parte del mundo y han sido expresamente desrecomendados para este rol, utilizándoseles solo como primer examen; ni un pupilómetro ni un reactivo por saliva indican de manera absolutamente eficaz la presencia o concentración de una sustancia en la sangre. Debería instrumentarse una reglamentación y un procedimiento que contemplara la realización de un test de confirmación in situ en caso de positivos, siquiera repitiendo el primer análisis de saliva. Es inaceptable la aceptación de un positivo obtenido mediante pruebas realizadas con dispositivos que no emiten resultados concluyentes.
Si consideramos el costo de cada pupilómetro, estamos en condiciones de afirmar que, siendo que no dista demasiado del costo de una camioneta para realizar muestras de orina, el gobierno debería reconsiderar su plan e instaurar controles de saliva y orina conjuntos -como en la mayoría de los países-, que brindarían auténtico valor legal y científico al procedimiento.
En las condiciones actuales, también es impropio que la reglamentación obligue a pagar los gastos del análisis de confirmación al conductor, ya que es muy posible que aquel que resulte positivo por benzodiazepinas debido a una medicación -por ejemplo- no tenga conocimiento alguno de esta condición y honestamente pida una segunda prueba. Aún cuando mas tarde el juez lo declarara inocente, él debió correr con los gastos de una confirmación que debería corresponderle como derecho.
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Informe Control Vial de Drogas |
*Directora Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones