Por Celeste Neyra- Red Eco
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires usa como estrategia para reducir el déficit presupuestario la reducción salarial y la caducidad o no renovación de contratos.
La multiplicidad de formas de contratación que tiene el Gobierno de la Ciudad es el resultado de la superposición de gestiones y normativas para incluir personal en la estructura estatal porteña. Muchos de los tipos de contratos no hacen más que impedir la estabilidad laboral o evitarle al Gobierno de la Ciudad pagar cargas sociales y seguro de sus empleados.
Desde que Mauricio Macri le pidió al actual Jefe de Gobierno que le dejara las cuentas de la ciudad equilibradas, Jorge Telerman (licenciado, finalmente no licenciado) se esfuerza para reducir al máximo posible el déficit presupuestario de $ 1100 millones al que llegó luego de la campaña electoral.
En este marco, por ejemplo, en Radio Municipal 60 contratos quedaron sin renovación, por lo que el área artística está desabastecida.
Luego, a través de un serie de negociaciones, el gobierno porteño propuso incorporar a gran parte de quienes tienen contratos por locación de servicios, al régimen del Decreto 948, por medio del que “Los contratos de locación de servicios, que hayan sido renovados durante el corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…), son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471”. Es decir, se aplica “el régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo determinado (que) comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual”
Sin embargo, en esta oportunidad, la modificación no respeta las escalas salariales actuales. Por lo tanto, en el pasaje a la normativa del Decreto 948, se aplican los salarios mínimos, lo que significa una quita de entre el 30 y el 60%.
Los reclamos son diversos y sus formas de expresión también: esta semana la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo en su portada un cartel que decía “Lamentablemente, el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad pretende encuadrar a un segmento de estos contratados, que presta tareas mediante contratos de locación de servicios, en un régimen que provoca una inmediata quita en sus salarios, del orden del 30 al 60 por ciento y cabe mencionar que algunos de ellos trabajan desde hace más de 7 años. En caso de no aceptar la propuesta sus contratos no serán renovados. Solicitamos que se mantenga las pautas de la incorporación realizada anteriormente mediante el Decreto 948 que mantuvo sus remuneraciones, aunque este régimen tampoco asegura la estabilidad laboral”.
A esto se sumó la denuncia sobre la decisión del Ministerio de Hacienda porteño de no autorizar al Ministerio de Cultura a reasignar partidas para renovar contratos de los profesionales que sostienen el programa Acceder (www.acceder.gov.ar), encargado de digitalizar el patrimonio cultural de la Ciudad. En igual situación se encontraban bibliotecarios; informáticos y personal de ordenanza de la Dirección del Libro
