En una tensa sesión la Legislatura porteña aprobó ayer por unanimidad —con la abstención del bloque Kirchnerista— la ley que declara en emergencia ambiental la cuenca del Riachuelo.
La declaración de emergencia por cinco años se fundamentó en «asegurar el derecho a la salud, a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano». Para cumplir sus objetivos, la ley autoriza al Ejecutivo a disponer hasta $ 300 millones provenientes del superávit de años anteriores no utilizados aún y que están depositados en cuentas bancarias del Gobierno de la Ciudad.
A a pesar de las maniobras dilatorias del bloque K, el resto de los bloques votó una alteración del orden del día para asegurar la aprobación de la ley. Todos los legisladores del kirchnerismo habían hecho uso de la palabra en la etapa de las manifestaciones previas, con el evidente propósito de prolongar las deliberaciones e impedir que la ley llegara a tratarse en el curso de la sesión. dando tiempo al Ejecutivo Nacional para tomar la delantera con el anuncio de una inciativa que anunciaría la semana próxima. Diego Krtavetz titular de la bancada aportó un punto de vista práctico. “Lo mejor sería esperar a tener una reunión con Guillermo Nielsen y con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Vensentini, para saber qué opinan de la iniciativa”, ya que —alegó Kravetz— “no sirve de nada aprobar algo, sino va a ser algo concreto y que se pueda llevar a cabo”, anticipándose a un posible veto de Jorge Telerman.
Helio Rebot —integrante del bloque K— consideró que “más allá del buen tino de los autores, esta ley debe estar sancionada por el Congreso nacional, por eso considero que aprobar este proyecto es un error jurídico“.
Marcelo Godoy, diputado macrista y autor de uno de los tres proyectos unificados, lamentó la postura del kirchnerismo a quien acusó de “demorar la sesión con chicanas infantiles, homenajes, consideraciones sin ningún tipo de conexión, intentando que se cayera la sesión y al momento del tratamiento se esgrimieron argumentos sin sentido. Sin embargo, perdieron” Para el legislador ahora “la Ciudad queda habilitada para firmar convenios con las otras jurisdicciones“.
A qué estará obligado el Ejecutivo de la Ciudad
La ley prevé que el Gobierno porteño ponga en práctica las siguiente acciones:
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Realizar un censo habitacional sobre la ribera del Riachuelo “identificándose claramente las características ambientales y socioeconómicas” de los pobladores.
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Actualizar el censo de emprendimientos fabriles o comerciales en la cuenca.
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Realizar un estudio epidemiológico y toxicológico de los habitantes potencialmente dañados, detectar “la presencia de contaminantes en los niños, en los alumnos de las escuelas cercanas a la cuenca y en los adultos mayores” y brindarles asistencia médica integral.
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Arbitrar los medios necesarios para trasladar y reubicar a todas las personas afectadas que vivan en asentamientos precarios sobre la margen del Riachuelo correspondiente a la Ciudad y que estén siendo negativamente afectados.
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Garantizar al recolección diaria de residuos domiciliarios y la eliminación de basurales en toda la cuenca.
La ley prevé, además, que el Ejecutivo porteño arbitre los medios para crear una comisión con cinco delegados del Poder Ejecutivo, cinco legisladores, representantes de las empresas industriales que desarrollen actividades en la cuenca y miembros de organizaciones de la sociedad civil “específicamente de pobladores aledaños”, que deberá constituirse dentro de los 20 días de promulgada la ley. La comisión estará facultada para hacer el seguimiento de aplicación de la ley.
También insta al Poder Ejecutivo porteño a lograr un acuerdo con los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires para constituir una Autoridad de Cuenca única, con facultades de control, regulación y poder de policía.
