El jueves 30 de setiembre, los legisladores del oficialismo porteño lograron aprobar una ley que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del distrito porteño, y afirmaron que así “garantizan la autonomía de la Ciudad”, mientras que, desde la oposición, sostuvieron que el objetivo es favorecer al expresidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino.
Con 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda- quedó sancionada en la Legislatura porteña una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.
La fiscal Mónica Cuñarro dijo que la ley es abiertamente “secesionista”, destruye “el orden federal” y la misma “se auto atribuyó facultades propias del Congreso”.
En diálogo con Radio 10, Cuñarro lo calificó como un “régimen disciplinario sobre todos los jueces y cámaras de alzada nacionales, que suman algo así como 600”. En este sentido consideró sorpresiva “la tozudez llamativa para lograr que una Ciudad Autónoma, por medio de un Tribunal de Justicia, controle fueros, jueces, se auto atribuya facultades propias del Congreso y facultades que son propias del orden federal”.
La letrada dijo que en este escenario “la Corte Suprema actualmente está en un fuego cruzado” ante los rechazos que generó la norma.
Y recordó que se convocó “una marcha para el 6 de octubre a las 11 horas frente al Tribunal Superior de Justicia” para repudiar la ley.
“Esto es de facto secesionista”, opinó Cuñarro, para quien darle estas atribuciones a TSJ porteño “destruye el pacto político que se desenvolvió en la República Argentina por el cual se conforma un orden federal” en el siglo XIX.
“No solamente hay millones de justiciables que van a estar en zozobra. Acá está en juego la independencia de los abogados”, remarcó.
Consultada sobre el objetivo de la reforma, dijo que coincidía con el Dr. Atilio Álvarez, en que “esto tiene nombre y apellido: la causa Correo y SOCMA”, como primer objetivo, en beneficio de la familia Macri”. “Y luego atribuirse un poder soberano sobre todos los fueros nacionales” añadió.En relación a qué se hace en este caso, consideró que “ameritaría cualquier tipo de intervención”, incluido el “per saltum”.
