La legisladora porteña Celeste Fierro presentó la acción judicial en contra del protocolo de Bullrich.
El juez federal Sebastián Casanello citó para hoy al mediodía a una audiencia de hábeas corpus donde se analizará el Protocolo de Orden Público. Participarán autoridades del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, y la legisladora porteña Celeste Fierro, del Frente de Izquierda, quien impulsó el pedido.
La legisladora porteña en representación del bloque de legisladores del MST- FITU presentó la acción judicial en contra del protocolo de Bullrich el pasado 18 de diciembre.
Tras más de cincuenta días y ocho juzgados diferentes que terminaron en resoluciones de incompetencia, el juez Casanello tomó la causa y rápidamente solicitó información tanto al Ministerio de Seguridad como a la ministra.
La semana pasada, Casanello dictó una medida cautelar en la que le pidió al Gobierno que “adecue el protocolo, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por la Constitución Nacional”.
Fierro informó que previo a la audiencia se realizará una movilización a Comodoro Py junto a movimientos sociales y una conferencia de prensa.
“Este miércoles 14 tenemos una audiencia clave, donde se puede resolver el destino del protocolo represivo de Bullrich. El juez federal Casanello tomó la acción judicial que presentamos el 18 de diciembre y la semana pasada informó una resolución donde nos convoca a esta audiencia, pero además exhorta a Patricia Bullrich y al Ministerio de Seguridad a actuar de acuerdo a la Constitución Nacional, los bloques procesales, como así también los acuerdos internacionales. La audiencia se convoca en el marco de un hábeas corpus, por lo que esperamos una pronta resolución”. Señaló Celeste Fierro.
Desde el MST informaron también la presentación de un Amicus Curiae en la causa y contra el protocolo, firmado por Nora de Cortiñas, Taty Almeida, Estela de Carlotto más 37 organismos de DDHH, asociaciones juristas y abogados laboralistas.
“Tres relatores especiales del Comité de Derechos Humanos de la ONU plantearon que este protocolo es ilegal, ya que una manifestación o una reunión no es un delito”, denunció la legisladora porteña.
Desde diciembre, con la asunción de Bullrich y la activación del protocolo antipiquetes, la violencia de las fuerzas de seguridad en las calles aumentó sin escalas. La semana pasada con el debate de la Ley Ómnibus, un conjunto de organizaciones sociales, trabajadores, jubilados y jóvenes se manifestaron frente a las puertas del Congreso. Sin embargo, el clima de represión y violencia impulsado por la fuerza policial federal dejó más de 25 personas detenidas, entre manifestantes y trabajadores de prensa, además de heridos con postas de goma y un nuevo tipo de gas pimienta extremadamente irritante.
Entre los puntos claves del Protocolo, se destaca la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales “frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte” como las vías de los trenes, con jurisdicción en territorios provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, sin necesidad de una orden judicial que habilite el accionar de las fuerzas de seguridad.
En este contexto, frente a bloqueos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías “debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas”.
La intervención de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a “despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio”.
En los procedimientos, los efectivos “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” con la utilización de “armas no letales”, aunque la fuerza será “graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes”.
Por otro lado, los “autores, cómplices e instigadores” de los cortes y protestas deberán ser identificados, así como los vehículos en los que llegan les manifestantes. “Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores” de las protestas “registrados por las fuerzas de seguridad”, tanto de organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos, serán “remitidos al Ministerio de Seguridad”.
