El próximo miércoles 30 de noviembre se realizará una nueva audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia para discutir el estado de la implementación de la sentencia de 2008 en la causa “Mendoza”, que ordena el saneamiento del Riachuelo.
Los vecinos de los barrios afectados no serán escuchados “porque a pesar de ser los mayores perjudicados por la contaminación, no somos parte de la causa, lo cual limita nuestro derecho a ser oídos por los jueces y denunciar violaciones a nuestros derechos” sostienen representantes de la villa 21-24 y otros asentamientos en un documento en el que convocan a manifestarse en la puerta de los Tribunales de Talcahuano donde tiene asiento la CSJ.
Reclamos
– Que se tomen medidas inmediatas para cumplir con la construcción de las obras de saneamiento y viviendas de calidad para las familias del camino de la sirga, se monitoree en tiempo real las obras y se sancionen a los responsables de los incumplimientos;
– Participación de los vecinos en todos los procesos de diseño y construcción de obras y en el control de su ejecución;
– Que las obras de reurbanización en el barrio involucren a trabajador@s y cooperativas del barrio, también para asegurar la calidad de las viviendas y obras. Necesitamos contar con los medios que permitan mejorar nuestra condición de vida;
– Atención inmediata de los problemas de salud de las familias y estrategias claras y sostenidas de salud ambiental. En centros de salud bien dotados de recursos y más cercanos;
– Plan integral de mejoramiento de vivienda que incluya a las viviendas gravemente deterioradas de las familias ya mudadas por la causa;
– Protocolo para atender a las emergencias de manera oportuna y no luego de varios meses;
– Mapa de riesgo sanitario que permita prevenir daños y organizar prioridades en los barrios afectados;
– Saneamiento integral del Riachuelo y del medio ambiente en el marco del respeto a los derechos humanos de la población.
La situación actual de la causa
A ocho años de la sentencia judicial, restan relocalizar 1182 familias de las casi 1800 afectadas en la Ciudad de Buenos Aires, es decir que sólo se ha avanzado en un 35%.
En el caso de la Villa 21-24, la más grande y representativa de la problemática, sólo se ha avanzado en un 12%, pese a que se ordenó su relocalizacion integral para antes de enero de 2013.
De la última audiencia de 2012 hasta la fecha se relocalizaron 280 familias, es decir, un promedio de 70 por año. Durante 2016 no se efectuó ninguna relocalización.
En la Villa 21-24 no se ha terminado una sola vivienda de la ley 5172, lograda con la lucha vecinal, para dar respuesta a las miles de familias afectadas por la manda judicial. Tampoco se ha avanzado en el cumplimiento de la ley 5486 de urbanización de Magaldi y El Pueblito, y muy poco se ha hecho por el cumplimiento de la ley 2240 para el barrio Lamadrid.
“A ocho años de la sentencia judicial, continúa la degradación del ambiente porque no hay redes cloacales y pluviales, y la degradación de la salud por la epidemia de dengue, zika, problemas respiratorios y de plomo en sangre de los niños y la población adulta” concluye el comunicado de las organizaciones representativas de la 21-24, asentamiento Lamadrid, Complejo Mugica, el Pueblito y villa 26.
