Las organizaciones Asociación Pensamiento Penal (APP) y Mamá Cultiva celebraron el proyecto de ley de industrialización del cannabis con fines medicinales e industriales que el presidente Alberto Fernández enviará al Congreso, pero pidieron que se consulte su experiencia y advirtieron que “no puede quedar fuera de la discusión el autocultivo”.
En ese sentido, recordaron que diferentes organizaciones vienen reclamando “la apertura del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann)” establecido por decreto en virtud de la nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal, para evitar “allanamientos o causas judiciales absurdas por circunstancias vinculadas al consumo”.
Esta organización no gubernamental con presencia latinoamericana que busca incidir sobre las formas de articulación entre la cuestión penal y los derechos humanos hizo hincapié en que lo prioritario es “el acceso al autocultivo y la provisión de medicamentos segura y legal”, por lo que “el impulso científico y medicinal debe ir de la mano de la pronta regulación estatal que no criminalice las conductas asociadas al consumo”.
La ONU “retiró al cannabis de la lista IV” integrada por “aquellas sustancias señaladas como nocivas por sus propiedades adictivas y con escaso o nulo valor terapéutico”, en consonancia con lo cual “las personas que buscan abastecerse necesitan que prime una mirada distinta”.
“Así ya se está haciendo en otros países, como en Uruguay o Canadá, con avances notables en materia de consumo y distribución de drogas de reconocida baja toxicidad”, dijeron.
“En todo el territorio nacional surgen acciones y proyectos de cultivo en el marco del autoabastecimiento que debemos prestarles atención mientras le ponemos un verdadero punto final a la criminalización social y penal”, concluyeron.
En tanto, desde la organización Mamá Cultiva aseguraron recibir “con esperanza” la noticia de que “finalmente se reconozca el potencial económico del cannabis” pero al mismo tiempo ratificaron que “esto no puede hacerse sin poner en valor el aporte que desde la clandestinidad llevamos a cabo ciudadanes en todo el país” que “de manera comunitaria” vienen “sosteniendo la demanda que implicó la aceptación de la marihuana como alternativa terapéutica”.
“En ese sentido, creemos que cualquier proyecto que sea tratado por nuestras y nuestros representantes debe considerar nuestra experiencia y nuestros saberes colectivos, así como los de miles de cultivadores y cultivadoras que durante décadas han aprendido a conocer la planta y han difundido generosamente estos conocimientos, arriesgando su libertad en este proceso”, agregaron.
Desde la organización advirtieron además sobre “las grandes corporaciones que tienen el poder de imponer las reglas del juego” para la producción y distribución, ante las cuales “la salida es la unidad, la inclusión, el reconocimiento de nuestro trabajo, políticas públicas que nos permitan ingresar en el proyecto productivo”.
“Nada sobre nosotras sin nosotras, esa es la verdadera justicia social. Todo está por hacerse: podemos ser el primer país en regular el cannabis mirando a los ojos a la sociedad, que amorosa y responsablemente luchó por una mejor salud para su Pueblo. No desaprovechemos esta oportunidad histórica”, concluyeron.
