La Legislatura porteña disolvió el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y ratificó el convenio firmado con el Gobierno Nacional, mediante el cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorga el derecho de uso real por 30 años de todos los inmuebles en los que funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio. También fue sancionada una norma que disuelve el Instituto Espacio para la Memoria como ente autárquico del Estado porteño, aunque conservará su sede en la ex ESMA.
La cláusula sexta del convenio ratificado establece que el IEM “tendrá su sede” en el Edificio “Pabellón Central (4 Columnas)” de la ex ESMA y que el Poder Ejecutivo Nacional asume y toma a su cargo la realización del “Museo del Terrorismo de Estado” así como la “Propuesta Museográfica para el Sitio de Memoria”.
El convenio fue suscripto el 22 de enero involucrando los edificios de la ex ESMA en la avenida Del Libertador (Casino de oficiales, Pabellón Central, Imprenta, Taller Mecánico, Pabellón Coy y Enfermería) y los centros clandestinos de detención: Automotores Orletti -Venancio Flores 3519/21-, Club Atlético -avenida Paseo Colón 1200-, Olimpo – Ramón Falcón 4250-, Virrey Cevallos -Virrey Cevallos 628/630- a fin de optimizar su preservación y puesta en valor.
El PEN toma a su cargo los gastos ordinarios y extraordinarios y deberá abonar todos los impuestos, tasas y contribuciones sobre estos bienes.
El debate
El tratamiento parlamentario de esta cuestión generó críticas de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos y del propio premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel quien en carta a los legisladores instó a que voten el rechazo del proyecto sosteniendo que “este intento tiene fuertes connotaciones políticas que conjugan el erróneo deseo de una de las partes, de apropiación de esos espacios de memoria, con la de la otra que nunca tuvo interés en los mismos y siempre incumplió la efectivización de las partidas presupuestarias votadas por ustedes destinadas a su preservación”, según el texto leído por la diputada Virginia González Gass (PSA).
Argumentaron su voto negativo los diputados y diputadas: Pablo Bergel (VA); Marcelo Ramal (FIT); María Inés Gorbea, Juan Nosiglia y Hernán Rossi (SUMA+); Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro (CC); Alejandro Bodart (MST); Gabriela Ocaña y Cristina García (CP); Virginia González Gass (PSA); Hernán Arce (PS); Gabriela Cerruti (NE); Pablo Ferreyra (IP); y Javier Gentilini (PSur).
Tras dos horas de debate los resultados de las votaciones en general fueron de 41 voluntades por la positiva y 15 por la negativa ante la presencia en los palcos de representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Nora Cortiñas, que estaban en contra del proyecto.
