La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó las condenas impuestas en 2018 por el Tribunal Oral N° 9. Los condenados fueron Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez y Osvaldo Alberto Ertel a 10 años y seis meses de prisión y Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Yamil Marsilli a 8 años y 11 meses. En todos los casos fueron condenados por los delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y robo agravado y calificado.
En su resolución, los camaristas Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin prestaron especial atención a la detención arbitraria que sufrieron Iván y Ezequiel. Confirmaron que fueron detenidos y trasladados sin motivo alguno por los prefectos, quienes decidieron golpearlos, esposarlos y secuestrarlos sin dejar rastros.
La noche del 24 de septiembre de 2016 Iván Navarro vio que agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) habían detenido a Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, en la villa 21-24 de Barracas, CABA. Iván se acercó para saber qué estaba pasando. De inmediato, los agentes de la PFA le pidieron documento y lo requisaron. Minutos después, llegaron al lugar tres móviles de la PNA con 10 prefectos. Lo que siguió fue un ejemplo de las rutinas de hostigamiento, detenciones ilegales, golpes y -en algunos casos torturas- que los efectivos de la PNA desplegaron en la zona de Barracas en los últimos años. Los dos jóvenes fueron esposados y trasladados hacia un destacamento de la Prefectura, ubicado a pocas cuadras. Ezequiel fue llevado al interior de un baño químico, al lado de la garita, donde lo golpearon y amenazaron. Dentro de uno de los móviles, Iván también fue golpeado. Después de esta primera sesión de tortura, los dos jóvenes fueron trasladados a un descampado frente al Riachuelo. En ese lugar fueron nuevamente sometidos a torturas y humillaciones, y el robo de varias de sus pertenencias. Los golpes siguieron durante varios minutos hasta que comenzaron los simulacros de fusilamiento y amenazas de muerte con sus armas de fuego. Luego los dejaron ir.
El proceso judicial mostró las prácticas policiales de hostigamiento y humillaciones que sufren cotidianamente los jóvenes de la Villa 21-24 y de Zavaleta, y que en algunos casos llega a situaciones extremas como las torturas que sufrieron Iván y Ezequiel. La mayor parte de estos hechos quedan impunes porque no son conocidos ni denunciados.
Pero en este caso ocurrió algo diferente, gracias a la presencia de una organización como La Poderosa con capacidad para visibilizar el hecho y a funcionarios judiciales que desde el primer momento se tomaron en serio lo que los jóvenes contaron y las múltiples evidencias que apuntaban a la veracidad de sus testimonios. Esto permitió recolectar prueba sólida y contundente que demuestra la participación de los imputados y su responsabilidad penal en los hechos.
Las querellas estuvieron a cargo de Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, por La Poderosa, y Agustina Lloret y Florencia Sotelo, por el CELS
