Por Antonio Elio Brailovsky
Una serie de hechos de violencia está afectado los conflictivos intentos de iniciar el saneamiento de uno de los ríos más contaminados del mundo, el Riachuelo de Buenos Aires, cuyos vecinos esperan alguna respuesta desde 1811.
Esto nos muestra que la descontaminación no es sólo un problema de ingeniería, aunque, por supuesto, la incluye. Tenemos problemas de cañerías y de piletas de decantación, pero también tenemos conflictos sociales, algunos de los cuales tienen que ver con una situación ambiental no resuelta y otros con una sociedad que no tiene nada que ofrecer a una amplia gama de excluidos.
Las versiones que circulan hablan de personal amenazado, camionetas destrozadas e inspectores agredidos, que tienen que cumplir su cometido custodiados por tropas de Gendarmería.
La historia que vamos a contar muestra que lo que hay que limpiar no es sólo el agua del río.
En la década de 1980, ante innumerables reclamos que pedían la erradicación de las curtiembres de la cuenca, la Asociación de Curtidores negoció una salida: la Provincia de Buenos Aires les cedería gratuitamente el terreno y ellos construirían una planta de tratamiento colectiva. Con esa condición, seguirían allí.
La Provincia les cedió un terreno que sólo servía para eso: era un antiguo basural de residuos peligrosos, donde no podía hacerse otra cosa que seguir trabajando con esa clase de basura. Sin embargo, la Provincia nunca supervisó la construcción de esa planta. Los industriales olvidaron la promesa y siguieron contaminando. De todas las fábricas del sector siguió volcándose al agua (y yendo a parar al Río de la Plata, la fuente de agua potable de millones de personas) el cromo hexavalente, una sustancia venenosa fácil de reconocer por su hermoso color azul cielo.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia ordenó sanear el Riachuelo y alguien recordó la promesa incumplida de los curtidores. En tantos años el predio había sido intrusado y allí había un asentamiento precario, con personas viviendo en casillas levantadas encima de los residuos peligrosos. Se hizo una gestión para relocalizarlos y comenzar finalmente la tan postergada planta de tratamiento de efluentes, la que será pagada con un crédito internacional.
Una noche, pareció que los ocupantes habían vuelto, pero no eran los mismos. En vez de un grupo de personas humildes y pacíficas, tal vez resignadas a su suerte, aparecieron otros pobladores, con reclamos agresivos y de cumplimiento imposible: querían quedarse a vivir allí. Habían decidido que vivirían en el basural y que formarían su hogar y criarían sus hijos en medio de los residuos peligrosos.
Para hacer valer ese dudoso derecho, marcharon contra la Municipalidad más próxima, que no tiene competencia sobre el tema ni sobre los terrenos. En vez de pedir hablar con alguien destrozaron las instalaciones e hirieron a los empleados. Cuando llegó la policía, las cámaras de televisión registraron a quien parecía liderar la marcha, gritando: ¡Necesito mujeres con chicos! ¡Traigan mujeres con chicos!
Y millones de espectadores vieron como los niños aterrorizados eran usados como escudos humanos para detener a la policía, mientras los manifestantes seguían su ataque contra el edificio y los empleados de la Municipalidad de Lanús. Cuaquier persona que haya visto una película de las llamadas “de acción” reconocerá los métodos de profesionales de la violencia. Se puede ver que existe una organización que ha reclutado a un grupo de excluídos, tan desesperados que aceptan que se pongan en peligro las vidas de sus propios hijos.
Unos días más tarde, se repite el operativo, también atacando a alguien que no tiene nada que ver con el problema: la manifestación ingresa en un barrio humilde, haciendo grandes destrozos. En un enfrentamiento de pobres contra pobres, muere un adolescente.
¿Cuál es el sentido de esa violencia planificada? ¿Alguien decidió profundizar el conflicto hasta que hubiera alguna muerte o se les escapó de las manos? ¿Por qué los medios de comunicación lo sugieren pero no lo dicen?
Por otra parte, los ciudadanos comunes que vieron el asalto a la Municipalidad de Lanús y los destrozos a los vecinos tienen motivos para pensar que allí se cometieron delitos. ¿La justicia piensa lo mismo? ¿Está actuando sobre personas perfectamente individualizadas y filmadas? ¿O nos hemos acostumbrado a la impunidad de las conductas violentas?
En algún momento nos preguntamos si los grupos de choque respondían a algún sector político, a alguna empresa que se resistía a dejar de contaminar, o a otra clase de actores violentos, como podrían ser los narcos. Más tarde nos dimos cuenta que la pregunta de quién había sido carecía de sentido: todo indica que en los bajos fondos del Gran Buenos Aires, allí donde la ley no llega y ni siquiera se imagina su existencia, el comportamiento mafioso es la mejor estrategia de supervivencia.
En esas condiciones, es un gran avance haber logrado un crédito del Banco Mundial que permita financiar las plantas de tratamiento de efluentes. Sin embargo, muchas de las fábricas que contaminan ya poseen una planta de tratamiento. Se las regaló el Estado a través de una desgravación impositiva y nunca la usaron, del mismo modo que los curtidores nunca intentaron construir la planta de tratamiento colectiva en el terreno que la Provincia de Buenos Aires les había cedido.
Aún más: la química Lilia Ventajas me cuenta que hace un tiempo inspeccionó algunas fábricas que parecían estar tratando sus efluentes, pero era sólo una escenografia tecnológica, hecha para engañar a quienes debieran controlar esa empresa. Una recorrida en bote permitía ver los caños con las descargas clandestinas, que se salteaban todo el procedimiento de depuración para enviar al río los contaminantes sin tratamiento.
De modo que si vamos a endeudar al país para regalarles una planta de tratamiento de efluentes, espero que estemos en condiciones de controlar que efectivamente la operen todos los días, y que no vendan sus cañerías como chatarra.
