Por Carlos del Frade (APE)
El discurso y la política de la presidencia de Néstor Kirchner sobre los derechos humanos son diferentes a todas las experimentadas desde el retorno de la democracia hasta el presente.
Sin embargo, hay hechos que demuestran los permanentes reciclajes de las peores prácticas que vienen desde hace décadas y suelen ser las credenciales con que se presentan los integrantes de las diferentes policías provinciales.
La Coordinadora contra la represión policial e institucional, CORREPI, informó que la brutalidad de las fuerzas de seguridad “se acentuó como en ningún otro gobierno posterior a la dictadura, tanto por la cantidad de asesinados en los barrios, como de procesados y presos por causas políticas”, sostuvieron los integrantes de la organización.
-Este gobierno de los derechos humanos mata un pibe día por medio -dijo de manera contundente, María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI.
En los últimos tres años se produjeron casi seiscientos hechos en la extensa geografía argentina. Alrededor del 29 por ciento de los denunciados desde la apertura democrática en 1983.
Para la organización “las muertes provocadas por gatillo fácil y torturas en cárceles y comisarías se llevan casi un 45 por ciento cada una” en la totalidad de los casos patrocinados por la entidad.
Menos del diez por ciento de los casos tuvo sentencia judicial.
Y es la provincia de Santa Fe la que ocupa el triste primer puesto de muertes producidas por la violencia de sus policías. Buenos Aires está en el quinto lugar.
Los asesinados son pibes pobres. Una repetición del molde impuesto por los que concentran riquezas en pocas manos. Hace tres décadas atrás, los mataban por revolucionarios, ahora los convierten en delincuentes y también los aniquilan.
Según la doctora Verdú, “la represión policial e institucional se usa como herramienta de control social que se descarga básicamente sobre los jóvenes pobres de los grandes conglomerados urbanos; es decir, los que más razones objetivas tienen de rebelarse por el tipo de vida que llevan”.
Agregó que “hay una tendencia muy frecuente de presentar estos casos como enfrentamientos en el marco de hechos delictivos reales o inventados, donde los muertos aparecen imputados por delitos que no cometieron”.
¿Por qué sigue esta lógica de matar a los pibes de manera sumaria, sin juicio y aparentando enfrentamientos que nunca existen?
¿Por qué sigue la lógica del terrorismo de estado a veintitrés años de su cierre histórico político?
Quizás la respuesta esté en la provincia de Buenos Aires, el primer estado de la Argentina.
“Unos 9 mil efectivos de la Policía bonaerense que se incorporaron antes y durante la última dictadura militar continúan en actividad. Así lo confirman los legajos enviados por el Ministerio de Seguridad al juez Federal Arnaldo Corazza en el marco de la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López. Entre los legajos enviados a la Justicia figura el del Superintendente de Investigaciones, Roberto Silva, al frente de la búsqueda del albañil. Los organismos de derechos humanos piden que todos sean investigados”, sostienen diversas fuentes periodísticas.
Si los actores se repiten es porque el guión sigue siendo el mismo.
Y ese es un problema grave en el seno de la administración Kirchner.
¿Cuándo los discursos, de manera definitiva, tendrán que ver con los hechos cotidianos?
Mientras tanto, los pibes siguen cayendo…
Fuentes de datos:
Agencias de Noticias Indymedia y Argenpress 15-12-06
