La constructora Koad intenta llevar a la Justicia a dos dirigentes vecinales a los que acusa de provocarle perjuicios económicos. La empresa levanta dos torres de 34 metros —actualmente en sus cimientos— en un predio que ocupa tres cuartos de manzana en Caballito, tras una operación de canje con IRSA, la firma del magnate George Soros, propietaria del terreno.
Los demanda es contra Gustavo Desplats, titular de la organización Protocomuna Caballito y Mario Oybin de SOS Caballito. Esta última es la agrupación que obtuvo el recurso de amparo en la Justicia porteña mediante el cual se frenó el otorgamiento de nuevos permisos de obra en un sector del barrio.
En declaraciones a un matutino local, una fuente cercana a la empresa dijo que la demanda es por “las falsas denuncias que esta gente presentó contra la obra. Ellos han dicho ante muchos micrófonos que nuestro proyecto es ilegal y hasta nos han pintado el frente de la obra. Nosotros tenemos todos los papeles en regla de parte del Gobierno porteño y de AySA, Metrogas y Edesur, que nos han garantizado los servicios. Esta calumnia nos genera un perjuicio y por eso vamos a la Justicia”.
A esto responde Desplats que la empresa obtuvo el permiso de obra en el 2002, fecha desde la cual ha habido cambios sustanciales en la fisonomía del barrio. “Por lo que sabemos, el permiso de obra es de 2002. No puede ser que se tenga en cuenta una evaluación de hace cinco años para una obra, después de todo lo que se ha construido en Caballito”, dijo Desplats a Página/12.
En declaraciones radiales el dirigente vecinal desestimó el criterio de supuesta valorización inmobiliaria de la zona en su conjunto que trae aparejada la construcción de obras de categoría como la proyectada. Dijo que los vecinos se rigen por otros criterios, basados en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que la zona está ya ampliamente excedida en la cantidad de habitantes por km2 que sugieren los expertos como techo, siendo ésta de 10 mil habitantes, en tanto Caballito ya tendría alrededor de 30 mil habitantes por km2.
Por ahora, los dos dirigentes deberán concurrir a una reunión de mediación el próximo lunes. “La empresa Koad SA y los citados vecinos de Caballito irán a una instancia de mediación y luego se verá si la empresa decide seguir adelante con su demanda ante la Justicia”, dijo a LA NACION María Cristina Deponti Lascano, mediadora. Para entonces habrán vencido el plazo de 90 días de suspensión de obras que dispuso en gobierno de Telerman en zonas de Caballito, Villa Urquiza, Palermo, Núñez, Coghlan y Villa Pueyrredón.
El Gobierno de la Ciudad, en una serie de medidas que se darán a conocer tras el vencimiento de los 90 días de veda, bajaría el piso a partir del cual se pide un estudio de impacto ambiental que ahora es de 10.000 metros cuadrados cubiertos. Exigirían también un certificado de las empresas de servicios —electricidad, gas, agua y cloacas—, en la que éstas avalen que no habrá problemas de infraestructura.
En ese sentido cabe resaltar que un informe de la estatal AySA próximo a publicarse indicaría que la red cloacal esta severamente dañada en extensos tramos de su recorrido en el barrio de Caballito.
Mientras intenta resolver la coyuntura, la Ciudad enviará a la Legislatura el Plan Urbano Ambiental, la ley marco cuyos lineamientos se reflejarán luego en el Código de Planeamiento Urbano, en el que que especifica la nomenclatura de cada lote de la Ciudad y por lo tanto si se puede construir y cuánto. Hasta ahora no se ha podido consensuar una ley marco de esas características desde que la Buenos Aires obtuvo su condición de ciudad autónoma.
