La Asamblea Comarcal Contra el Saqueo —una organización de pobladores autoconvocados de zonas urbanas y rurales de la Región Andina de Río Negro y Chubut— envió una carta pública a la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación en la que señalan su posición respecto de la acción de empresas privadas y de políticas públicas sobre la tierra y el ambiente de la zona.
Carta a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Lic. Romina Piccolotti
Llegamos a usted con el propósito de hacerle conocer nuestra posición acerca de numerosos acontecimientos repetidos en nuestra región en el área de su responsabilidad y competencia. Entendemos, vale aclarar, que las cuestiones que nos preocupan no son clasificables únicamente como problemas “ambientales”. Las raíces históricas y la trama de intereses en pugna excede — lo que tampoco es casual— el horizonte de esa Secretaría. Por eso creemos necesario que traslade y conecte las inquietudes aquí planteadas con otros miembros pertinentes del Poder Ejecutivo.
Somos vecinos y pobladores autoconvocados de zonas urbanas y rurales de la Región Andina de las provincias de Río Negro y Chubut, y tomamos el nombre propio de Asamblea Comarcal contra el Saqueo para caracterizar la situación que padecemos y señalar nuestra posición respecto de la acción de empresas privadas y de políticas públicas sobre la tierra y el ambiente en que vivimos. Formamos parte, además, de una red más amplia de Asambleas de la región, de la Argentina y de otros países de América Latina que se oponen al saqueo y la contaminación.
El acoso sobre la tierra que habitan familias campesinas e indígenas desde varias generaciones, revela una verdadera trama de complicidades que no dudamos en caracterizar de mafiosa, en la que funcionarios públicos se entrelazan con estudios jurídicos, jueces y empresas dedicadas al negocio y especulación inmobiliaria, y a la explotación voraz del medio ambiente, quienes mediante presiones y atropellos atemorizantes, actos administrativos a la medida e incluso operaciones judiciales, van recortando derechos e instalando conflictos donde no les compete la menor presencia ni habilita legitimidad alguna.
La codicia sobre este territorio y sus recursos, convertidos en pocos años en la frutilla del postre de la depredación, cuenta con el paquete de legislación nacional y provincial de la década del ’90 y la generación de las nuevas leyes que van requiriendo los actores, como brutal habilitación para acceder a este bien paradisíaco muy cotizado en el mundo. Ya no es posible separar –ni mental, ni políticamente— la superposición de mega—“proyectos” de inversión, como el IIRSA (plan de Integración e Infraestructura Regional Sudamericana), combinado a las promesas de ganancias mineras (convenio de “integración minera” con Chile, y legislación asociada), el “corredor bioceánico”, las reservas de biósfera, la multiplicación de centros de juego y casinos, campos de golf y countries, con el frenesí inmobiliario y la especulación sobre cuencas y territorios que —da vergüenza tener que explicarlo— conduce inevitablemente a la concentración de tierras, poder y dinero.
Observamos que las políticas de estado nacional y provinciales en todos estos ámbitos revelan la continuidad y vigencia legislativa que señalamos, por lo que su Secretaría también será receptora de nuestros señalamientos antagónicos respecto a la cesión pública de permisos, habilitaciones y concesiones, y a todo recurso administrativo, legislativo o judicial que se proponga dar vía libre a empresas o emprendimientos privados, cuyo único propósito sea el zarpazo sobre los recursos naturales y la propiedad de la tierra, sobre los que ellos no tienen ningún derecho. Esta situación se agrava aún más con el vergonzoso régimen de exenciones y privilegios fiscales que NO se le conceden a las economías regionales, basadas en actividades plenamente sustentables, como lo son la producción orgánica de alimentos, el agro y ecoturismo, la pesca artesanal y deportiva, el campamentismo, y otras acordes con la cultura e identidad de la región. De la supuesta creación de fuentes de trabajo que genera una minera ni hablar: Son sin duda muchas más las que a corto plazo se pierden con la destrucción ambiental definitiva por la merma de actividades productivas o de servicios locales, que los temporarios puestos de trabajo del montaje de infraestructura y que los profesionales en forma estable.
Rechazamos especial y absolutamente la característica de saqueo con que operan las empresas mineras con su explotación a cielo abierto, a cuyas obscenas condiciones económicas de entrega de bienes comunes (con frecuencia definidos como “recursos naturales”) se suma el agravio de un deterioro social y ambiental profundo e irreversible en todo el país, la Patagonia y la Comarca Andina en particular, agravado con la inaceptable falsedad ideológica de la pretendida “remediación” de daños argumentada en cada uno de los proyectos, y la muy publicitada “responsabilidad social empresaria”, ambos productos de ingeniería social destinados a la difusión y a la generación de forzados consensos, manipulando la decisión comunitaria. inhibiendo toda posible crítica, restringiendo la participación y condicionando a la población en el ejercicio de su libertad en defensa de los derechos ambientales que consideren violados, configurando así también un daño a la identidad y valores colectivos. En esto vienen jugando un rol preponderante algunas fundaciones (la mayoría financiadas por fondos de las mismas empresas multinacionales), que sostienen variadas ONGs u OSC, intentando, y a menudo logrando, cooptar organizaciones sociales que devienen funcionales al saqueo.(1) (2)
El agua, la tierra, el aire, la flora y la fauna, en fin, el medio ambiente natural, es un don profundamente apreciado por todos quienes aquí vivimos y del que formamos parte, y no permitiremos que la desbocada ambición lo conviertan en un desierto inhabitable, o en excluyentes islotes “verdes” y privados, que completan su acción empujando a la población hacia centros urbanos transformados en campos de concentración de conflictos e inseguridad.
La naturaleza y este territorio tienen un valor no traducible en precios. No permitiremos que se transforme en una mercancía cotizable en bolsa. No está en venta, ni es patentable: ¡es nuestro lugar!
Estas apreciaciones incluyen el creciente y grave deterioro de la situación de las poblaciones y comunidades originarias Mapuche—Tehuelche, que no paran de vivir en carne propia las infinitas vilezas que son capaces de crear quienes ambicionan su territorio para el saqueo mencionado. Tejemanejes administrativos y judiciales, en los que se entraman el desprecio y la codicia, con atropellos de todo tipo que mantienen su vida en permanente zozobra, sin lograr que se apliquen efectivamente alguna de las herramientas legislativas incorporadas específicamente para la protección de sus derechos y garantizar su participación en las decisiones que involucran la vida de sus comunidades y su territorio ancestral.
La pretensión de incluir esas culturas en el esquema comercial — por ejemplo mediante proyectos de “cooperación” para lograr acceso privado a la biodiversidad, o para controlar de manera “políticamente correcta” su territorio— también nos ofende y afecta a todos. De los pueblos originarios, justamente, hemos aprendido que nuestro planeta es un ser vivo y que, como tal, formamos parte del mismo, lo cual lo hace INNEGOCIABLE.
Muchas más son las reflexiones y determinaciones a las que arribamos. La lucha y las visiones acerca de lo que queremos y debemos hacer en la vida son concluyentes. No cabe agregar más.
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