La denuncia fue realizada por la Asesoría Tutelar Nº 1 ante la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario junto con la Asesoría General Tutelar, a través de una acción de amparo presentada el pasado martes 3 de mayo.
Fachada del Centro de Inclusión social Costanera Sur situado frente al monumento a España, en la avenida del mismo nombre.
El objetivo que se persigue con dicha acción es que el Gobierno de la Ciudad respete el derecho a la vivienda, a la salud y a la intimidad de las personas menores de edad que —en virtud de la situación de calle que padecen— se alojan en el único parador para familias que tiene el Gobierno de la Ciudad.
La Asesoría General Tutelar forma parte del Ministerio Público Tutelar —una institución que integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— e interviene en el control de la política pública local a través de acciones de monitoreo, interpelación, articulación y seguimiento del debido funcionamiento de las instituciones del Estado de la Ciudad. La misión general de estos organismos es “promover la justa aplicación de la ley, la legalidad de los procedimientos y el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental”.
“Es difícil suponer que una familia puede estar mejor al ingresar al parador Costanera Sur del Gobierno de la Ciudad cuando las condiciones son casi las mismas que las de la calle” sostiene un comunicado de la la Asesoría Tutelar Nº 1.
Carente de apoyo u orientación alguna, las familias llegan huyendo de una situación de calle o porque el subsidio habitacional es insuficiente para conseguir una salida estructural a su problemática, principalmente de vivienda digna.
Lo que encuentran en el denominado Centro de Inclusión BAP Costanera Sur, al que ingresan a través del plan Buenos Aires Presente, es apenas un colchón.
“Hace dos años que la Asesoría Tutelar Nº 1 viene observando y cuestionando la situación del Centro Costanera. Sin embargo, a pesar de que los reclamos llegaron a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social (ámbito de competencia en el cual se encuentra el parador), no hubo respuesta alguna” dice la declaración del organismo.
Durante 2011 miembros de la Asesoría Tutelar realizaron nuevas visitas en las que se constató que las pequeñas mejoras parciales no son suficientes para un parador que alojaba, al 1º de febrero, a ochenta personas. Se destacan la existencia un sólo baño para mujeres que únicamente cuenta con dos inodoros utilizables y dos duchas, las condiciones de limpieza como de infraestructura definidas como “paupérrimas” la falta de insumos como toallas y pañales, también de primeros auxilios, y la presencia de plagas que “atenta contra la salud de quienes allí deben residir al no tener otra alternativa”.
La acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario solicita entre sus puntos principales que “en el plazo de diez días se elabore y se presente un protocolo de funcionamiento en la cual se contemplen mecanismos de orientación, atención y/o derivación articulada a los programas del Gobierno de la Ciudad para efectivizar los egresos del Centro en un plazo breve y con respuestas adecuadas, sostenibles y de mayor grado de protección respecto del derecho a la vivienda, respetando al mismo tiempo la convivencia familiar”. Se hizo hincapié en que “lo solicitado se realice sin generar ningún retroceso o efecto regresivo para los niños, niñas y adolescentes alojados actualmente o potencialmente residentes allí”.
Como medida cautelar, se pidió que en plazos de cinco a diez días se proceda a desratizar y fumigar el lugar —stableciendo a su vez un cronograma de fumigación que no supere los veinte días— que se realicen las reparaciones que se requieren de carácter urgente fundamentalmente en baños, y que se efectúe una limpieza completa.
Además, en los plazos que estime la autoridad judicial interviniente, se solicitó la construcción de baños específicos para el uso exclusivo de niños y niñas, que se designe un médico a fin de que preste servicio en el horario de 8 a 18 horas y que se nombre a un interventor informante con el objeto de controlar el estricto cumplimiento de la medida cautelar dispuesta.
El comunicado de la Asesría Tutelar resalta la sistemática omisión del Gobierno de la Ciudad en materia de protección prioritaria de los derechos de niños y niñas: “No sólo son incuestionables las graves y constantes fallas habitacionales y de funcionamiento del lugar, sino que es evidente que el Gobierno no ha diseñado una forma de abordaje especial para lograr la protección integral de los derechos de los niños que residen o podrían residir potencialmente en el Centro Costanera, especialmente en lo que hace a su rápido egreso hacia una propuesta que garantice una vivienda digna y adecuada“.
