Por Claudia Korol — Red Eco Alternativo
Un comunicado —que prácticamente no fue difundido por los medios de comunicación— informa en julio del 2006 que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina se negó a preservar docenas de cadáveres de indígenas masacrados en la provincia de Formosa y a continuar con la investigación de la matanza”.
En estos mismos días, Argentina se abstuvo de votar el texto de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quebrando la posición común adoptada en este tema por el bloque de países de América Latina y el Caribe que participan de dicha comisión, y defraudando la esperanza de los pueblos originarios que habitan nuestros territorios ancestrales. Según el canciller argentino Jorge Taiana, presente en la votación, el motivo de la abstención fue “la falta de elementos que permitan poner al mismo nivel el derecho de autodeterminación de los pueblos y el principio de unidad nacional”. Para el gobierno argentino, reconocer los derechos de los pueblos originarios, significa una amenaza para el principio de unidad nacional.
Estas decisiones del gobierno que se hace llamar “de los derechos humanos”, nos permiten sospechar sobre a qué humanos abarcan y a quiénes no el reconocimiento de derechos; y nos remiten también al debate necesario sobre cómo se construyó la “Nación argentina” a partir del genocidio de los pueblos originarios (y también de los africanos esclavizados para reproducir el “desarrollo” capitalista” al menor costo), y cómo la lógica de esa “unidad nacional” y de ese “desarrollo”, siguen sosteniéndose actualmente en la impunidad. Nos permiten pensar sobre las marcas que la cultura de la conquista y sus políticas de exterminio y saqueo, imprimen no sólo en los actos de gobierno, sino en la percepción misma que la sociedad argentina tiene de sí misma y de su historia. “Quien quiera oír que oiga”
Éste que estamos contando, es un fragmento de la historia de los vencidos. Sucedió en 1947, en Formosa —que en ese tiempo era Territorio Nacional—. Entre el 10 de octubre y el 5 de noviembre fueron exterminados por tropas de Gendarmería Nacional, más de mil mujeres, niños, ancianos y hombres del pueblo pilagá, en el paraje llamado Rincón Bomba, en la localidad de Las Lomitas.
Unos meses antes, en abril de 1947, miles de pilagás, tobas y wichis, habían sido despedidos —sin indemnización alguna— por el Ingenio San Martín de El Tabacal (que queda en el departamento de Orán, en Salta). Fueron llevados hasta el ingenio desde Formosa para trabajar como braceros, caminando cientos de kilómetros, con sus familias y sus pocas pertenencias al hombro, con la promesa que se les pagaría $ 6.— por día. Al llegar al lugar les dijeron que recibirían sólo $ 2,50—. Una nueva estafa en una larga lista.
En ese tiempo, en plena expansión de los ingenios azucareros en el noroeste argentino (como el de San Martín de El Tabacal, Ledesma y La Esperanza), la oligarquía azucarera que se iba constituyendo, se planteó la necesidad de conseguir mano de obra más que barata.
Señala el investigador Ariel Ogando en uno de sus trabajos, que se utilizaron diferentes estrategias para ello: “Uno de esos mecanismos que forzaba al campesino a trabajar en los ingenios era el endeudamiento en los almacenes de la zona, otro era el pago de arriendos.
Ante la falta de indígenas provenientes del Chaco, a causa del crecimiento de la producción algodonera, fuerte consumidora de fuerza de trabajo indígena, en los años que van de 1930 a 1949, los empresarios azucareros comenzaron a utilizar estrategias de captación de campesinos indígenas de las tierras altas de Salta y Jujuy. Así fueron compradas o alquiladas por terratenientes vinculados a la industria azucarera, gran cantidad de tierras. Éste es el caso de Robustiano Patrón Costas, que compró las haciendas Rodero, Negra Muerta, Finca Santiago y San Andrés, a la vez que alquiló las haciendas de Yavi y Santa Victoria, propiedad de Hortensia Campero de Figueroa. Es decir, se establece una nueva forma de relación entre el (nuevo) dueño de la tierra y el campesino, en la que media el pago en trabajo de este último, por el control de una parcela de tierra” (“Una mirada a la lucha por la tierra en el noroeste argentino”. Ariel Ogando. Revista Trabajadores).
En 1947 los dueños del Ingenio San Martín de El Tabacal eran los Patrón Costa, integrantes de una familia que hizo su fortuna y su poder a partir del despojo y la explotación salvaje de los pueblos originarios. Paréntesis necesario Vale recordar aquí, como un paréntesis en el relato que nos trae inmediatamente a la actualidad, que en 1996 este ingenio fue adquirido a los Patrón Costa por el grupo norteamericano Seabord Corporation, que continuó con los despojos de los pueblos originarios, contando siempre con el apoyo, y la complicidad abierta o encubierta de los gobiernos provincial y nacional. La Seabord Corporation, que hoy ocupa un millón de hectáreas, y es productora en Argentina del azúcar Chango, sostiene hace ya varios años un conflicto con la comunidad ava guaraní, por la posesión de alrededor de 5000 hectáreas ubicadas en una región llamada La Loma, que pertenecían a ese pueblo. Aún hay varios miembros de la comunidad procesados desde el último desalojo. También fue denunciada la Seabord Corporation por haber quemado casas de campesinos en la zona de Río Blanco, a 30 km. de la frontera con Bolivia, y por haber pasado topadoras a plantíos de más de 50 años, además de haber robado tierras a las comunidades incluso aquellas en las que se encuentran los cementerios de sus antepasados. Para completar el control sobre el territorio saqueado, la empresa instaló puestos de control, a cargo del grupo de seguridad privada Search, también de capitales norteamericanos. La masacre del pueblo pilagá
Después de ser despedidos por el ingenio, los pilagás comenzaron la larga caminata de regreso a Formosa. Al llegar a Las Lomitas, tuvieron que mendigar alimentos entre la población local. Recibieron alguna ayuda del gobierno, pero los alimentos estaban en mal estado y comenzaron a enfermarse y a morir. Perón (entonces presidente), les envió para calmar la situación tres vagones de alimentos y ropa, de los cuales sólo llegó uno a la comunidad. Comenzó entonces a circular el rumor de un “levantamiento indígena”. Varios diarios de la época se hicieron eco de esta “información” que anticipaba la masacre.
Relatan los abogados de la comunidad que reconstruyeron históricamente estos hechos (Carlos Díaz y Julio García): “Gendarmería Nacional forma un “cordón de seguridad” alrededor del campamento aborigen. No se les permite traspasarlo ni ingresar al pueblo a los pilagás. Se colocan ametralladoras en “nidos”, en distintos sitios “estratégicos”. Ya son más de 100 los gendarmes, armados con pistolas automáticas y fusiles a repetición que día y noche custodian el “ghetto”. Hasta que sucede lo inexorablemente esperado”. En el atardecer del 10 de octubre, mientras se desarrollaba una entrevista entre el Jefe del Escuadrón de Gendarmería y el cacique Pablito, comenzó la masacre.
“Se lanzan bengalas para iluminar la dantesca escena y determinar mejor los blancos a tirar. Cientos de mujeres con sus niños en brazos, ancianos y hombres comienzan a huir hacia ninguna parte que los lleva fatalmente a la muerte. Con las primeras luces del alba la imagen es dantesca. Más de 300 cadáveres yacen. Los heridos son rematados. Niños de corta edad, desnudos, caminan o gatean, sucios, entre los cadáveres, envueltos en llanto. Luego del ametrallamiento “…pensando que al llegar la noche atacarían avanzando sobre Las Lomitas, efectuamos tiros al aire desde todos lados para dispersarlos. El tableteo de la ametralladora, en la oscuridad, debemos recordarlo, impresiona bastante. Muchos huyeron escondiéndose en el monte, al que obviamente conocían palmo a palmo…” (Comandante Mayor (R) Teófilo Ramón Cruz). Pero allí no termina la matanza. Comienza la persecución de los que pudieron escapar, “para que no queden testigos”, contando la Gendarmería Nacional con la “colaboración” de algunos civiles. Van en dirección a Pozo del Tigre la mayoría, otros para Campo del Cielo, miles se guarnecen en la espesura de los pocos montes que quedan. En los días subsiguientes son rodeados por las partidas. Y allí nuevamente son masacrados en distintos lugares (Campo del Cielo, Pozo del Tigre, etc.) más de 200 personas. Entre los represores ninguna víctima. Se hubiera podido seguir la trayectoria de las tropas por las piras de cadáveres humanos que se quemaban, porque “no había tiempo para enterrarlos”, a medida que avanzaban”. ¿Derechos humanos “universales”? o el limitado universo de los derechos humanos
En marzo del año 2005, los descendientes de las víctimas, junto a la Federación Pilagá, iniciaron una causa judicial, fundada en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. A partir de ello se inició la investigación, en búsqueda de cadáveres y pruebas. El 28 de diciembre del 2005 se localizó la primera tumba, dentro del predio de la Gendarmería. En marzo de este año, se ubicaron la segunda tumba, y luego las tumbas colectivas 3 y 4, cada una con docenas de restos humanos.
Ante la imposibilidad de recursos del Pueblo Pilagá para afrontar la prosecución de la búsqueda y protección de los cadáveres de sus antepasados, se solicitó al Juez Federal que intime al Estado Nacional a facilitar los recursos. En la semana pasada, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación rechazó el pedido.
(En su escrito, la abogada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos niega que los indígenas puedan hacerse acreedores de resarcimiento alguno diciendo textualmente que “..no puede hablarse de etnia pilagá… por carecer de afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc….”, agregando que la situación económica-social del Pueblo Pilagá no amerita ayuda alguna en tal sentido y que el gasto con ese destino es “…meramente caprichoso, inocuo y no funcional al esclarecimiento de la causa… haciendo cargar con desmesurados costos al erario público)”.
Los cuerpos de las docenas de víctimas ya encontradas, quedan así sin resguardo perimetral ni aéreo, y quedan comprometidas la posibilidades de ejercicio de derechos tan elementales, como el derecho a la verdad, el derecho al duelo, el derecho a la justicia, el derecho a la identidad.
Esta historia en sí misma, denuncia una concepción de derechos humanos, en la cual algunos seres humanos parecen tener más derechos que otros. O para ser más clara, algunos pueblos no tienen ningún derecho.
La concepción queda más en evidencia, al constatar la abstención argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la votación de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, texto que será enviado para su adopción final a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se reunirá en unos meses.
Preguntamos entonces ¿qué concepción de derechos humanos es ésta que jerarquiza entre los muertos que merecen homenajes y monumentos, y los que quedan tirados en fosas comunes, abiertas a la intemperie, sin la menor cobertura del estado de derecho? ¿Qué convenios internacionales de derechos humanos se suscriben y cuáles se niegan? ¿De qué humanidad hablamos, cuando defendemos derechos en el mundo del revés? ¿No debieran ser estos derechos, las urgencias de los izquierdos?
