Por Agencia de Noticias Red Acción (ANRed)
El gobierno de Aníbal Ibarra instalará una oficina de operatoria para intimar a los vecinos del asentamiento de Costanera Sur a que abandonen el lugar. Las 401 familias que habitan el barrio denuncian que las propuestas del gobierno no solucionan su problema de vivienda y reclaman quedarse. El asentamiento consta de cuatro manzanas de viviendas edificadas y tiene una población infantil de más 250 niños.
Detrás de la urgencia por erradicar la villa, se esconde el megaproyecto inmobiliario de la empresa IRSA, que construirá en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors el primer barrio cerrado de la ciudad. El emprendimiento se llamará Santa María del Plata, costará 500 millones de dólares y promete beneficios que multiplicarán varias veces la inversión.
Al frente de las negociaciones con los vecinos se encuentra Jorge Telerman, Vicejefe de Gobierno y Secretario de desarrollo social. Según declaraciones de Telerman al diario La Nación, el desalojo buscaría recuperar para el dominio público “tierras que pertenecen a la Reserva Ecológica” y no tendría relación con el proyecto de IRSA. Sin embargo, el pequeño basural sobre el cual se asentaron los vecinos figura en los planos de la zona como parte de la ex Ciudad Deportiva.
La decisión política de favorecer el proyecto inmobiliario también se refleja en la falta de interés que muestran desde el gobierno a las objeciones de los especialistas. Para varios urbanistas el barrio Santa María del Plata será similar a un country y ello modificaría el concepto de Ciudad con el cual se fundó Buenos Aires. Desde en 1580 el criterio siempre fue que todas sus calles sean accesibles al pueblo. En el caso de Santa María, de sus 70 hectáreas, solo 20 serían de acceso público. Por otra parte se cuestiona la decisión de construir edificios de vivienda frente a una usina termoeléctrica como la Central Costanera.
Los vecinos del asentamiento ya formaron un cuerpo de delegados y se niegan a aceptar los subsidios que propone el gobierno para abandonar el lugar. Exigen una solución concreta: terrenos, materiales o viviendas construidas para mudarse. Reclaman quedarse en el lugar donde nacieron y estudian sus hijos.
Según informó una delegada del barrio, el gobierno porteño habría enviado circulares a las escuelas de San Telmo y La Boca para informar del desalojo. De esta forma se buscaría que los maestros convenzan a los padres de los alumnos a inscribir a los chicos en otras escuelas. Los delegados denuncian que el desarraigo que sufrirán los más pequeños es una violación a los derechos de niño.
