El Consejo de la Magistratura aprobó hoy descontar la mitad del salario, por única vez, a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, Javier Anzoátegui y Luis Rizzi, por su fallo contra la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña violada.
La denuncia contra Anzoátegui y Rizzi se originó tras un fallo de los dos magistrados de septiembre de 2020 en el que atacaron a los médicos que realizaron la ILE a la niña calificándolos de “sicarios” y “asesinos a sueldo”, en el caso de un hombre de 30 años que abusó de su hermanastra durante casi 10 años.
Producto de las recurrentes violaciones, la adolescente quedó embarazada a los 14 y decidió interrumpir la gestación, amparada en las excepciones contempladas en el articulo 86 del Código Penal. Por fuera de su comptencia y del decisorio relacionado con el caso sometido a su consideración, los jueces analizaron en un apartado especial la actuación de quienes practicaron la interrupción legal y consentida del embarazo así como la de todos los funcionarios que intervinieron. Según afirmaron, todos ellos cometieron un delito.
Además, los jueces definieron a la ILE como un “método de tortura de la mafia”, “rituales de las tribus antropófagas” y llamaron “manual de salvajadas inhumanas” al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.
No satisfechos con las adjetivaciones, en la misma sentencia, Anzoátegui y Rizzi decidieron formular una denuncia penal contra médicos y defensores para que se investigue su conducta.
Ante el ataque a los derechos consagrados en la ley, la defensora general Stella Maris Martínez pidió que se les inicié un proceso en el Consejo, y lo mismo hicieron desde la Fundación MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán, junto a la abogada porteña Julieta Arosteguy.
El miembro informante del expediente, el consejero senador Eduardo Vischi (UCR), destacó la posturas unánimes de los consejeros sobre las faltas de los jueces y que el dinero de la multa vaya a la víctima.
“Deshonran la profesión judicial”, dijo sin eufemismos el representante de los abogados, Héctor Recalde, y en los mismos términos se expresó el consejero diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y mencionó a los organismos y referentes en temas de género que seguían la audiencia.
Una vez conocida la sanción, desde MujeresxMujeres, la abogada Soledad Deza consideró que “es un gran avance que los mecanismos de control jurisdiccional funcionen para sancionar a estos magistrados”.
“No es una sugerencia la perspectiva de género, es una obligación convencional y constitucional, y pagar con parte de su jugoso sueldo una multa es un mensaje potente”, recalcó la abogada feminista.
La penalización logró el voto unánime de los consejeros presentes en el plenario, salvo el caso de la consejera abogada Jimena de la Torre, exfuncionaria de la AFIP durante la gestión Macri, que se ausentó durante toda la discusión y votó en contra sin fundamentos.
En paralelo al descuento de la multa, ambos jueces deberán cumplir con la capacitación en género de la llamada “Ley Micaela” -por Micaela García, una joven entrerriana de 21 años víctima de femicidio- obligatoria para todas las jerarquías del Poder Judicial, a los efectos de procurar la debida actualización en materia de perspectiva de género”
