Prensa de Frente
Con el año electoral en curso, los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires se ven nuevamente rehenes de los tejes y manejes de los armados políticos institucionales. Estas movidas se manifiestan de diferentes maneras: despidos, ajustes presupuestarios y persecuciones políticas entre la indiferencia y la complicidad gremial, con contadas excepciones.
Mientras Telerman se muestra como el paladín del progresismo porteño inaugurando obra pública o anunciando la puesta en marcha del polémico Proyecto Tranvías de Buenos Aires —que incluye la compra, sin licitación previa, de tranvías franceses y la reparación de las vías por donde circularán éstos por el monto de 25 millones de dólares— y gasta fortunas en las actividades culturales proselitistas veraniegas, diversos espacios sindicales denuncian desde hace semanas despidos compulsivos en varias dependencias del Gobierno de la Ciudad.
Pese a los anuncios gubernamentales del año pasado, quienes dependen del decreto 948 —la mal llamada “planta transitoria”— lejos de haber sido efectivizados, completan las recientes listas de despedidos. Además de contratados vía locación de servicios y pasantes. Así lo vienen denunciado los trabajadores de la Dirección General de Rentas, quienes el 5 de febrero, en una radio abierta promovida por los Trabajadores Autoconvocados de la Ciudad, protestaban por el despido de 80 trabajadores y la persecución política y aprietes a quienes proponen la organización gremial por fuera del sindicato.
Pero la rescisión de contratos no es patrimonio exclusivo de ninguna dependencia puntual. Se han registrado un total de no menos de 200 despidos en la Dirección General del Libro y el Canal de la ciudad, dependientes del Ministerio de Cultura; en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito y la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes del Ministerio de Gobierno; en el canal Ciudad Abierta, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Prensa y Difusión, entre otros.
En algunas de estas áreas los trabajadores se fueron enterando al retornar de sus vacaciones, a otros cuando preguntaron por el retraso en la firma de su contrato se les comunicó “la prescindencia de sus servicios”.
En este marco, el papel de los sindicatos oscila entre la indiferencia y la complicidad. La Confederación General de Trabajo (CGT) envío inéditamente una circular en la que íntima —de manera poco efusiva— al Gobierno de la Ciudad a cesar de los despidos. El único gremio que reconoce a los contratados bajo locación de servicios como trabajadores estatales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fluctúa entre la combatividad de algunas juntas internas o cuerpos de delegados, que denuncian la situación incluso a riesgo de perder las fuentes de empleo, y la incapacidad de su conducción regional para ponerse a la cabeza de los reclamos.
Un caso aparte es el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), representante mayoritario de los asalariados porteños y responsable de la negociación directa de las condiciones laborales que llevó en 2005 a la implementación del decreto 948, o planta transitoria, hoy denunciado como fraude laboral por los trabajadores. El haber desempañado ese rol le valió a Alejandro Amor, Secretario Gremial, una relación estrecha con el jefe de gobierno, quien la semana pasada lo convocó para integrar la mesa política que impulsa su reelección, junto con la ministra Cerrutti, el secretario general Raúl Fernández y el secretario de comunicación Oscar Feito.
