La diputada nacional Rocío Belén Bonacci (La Libertad Avanza) aclaró hoy que el proyecto para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que presentó esta semana en el Congreso, es una iniciativa propia y “no del Poder Ejecutivo”.
“El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos”, publicó la diputada esta madrugada en su cuenta de la plataforma X.
El proyecto de ley fue presentado el 5 de febrero por la diputada Bonacci para pedir la derogación de la “Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.
En un posteo en la red social, Bonacci aclaró -en respuesta a un usuario- que “no son firmas de puño y letra” sino “acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente”.
Y agregó: “Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”, en respuesta a versiones que indicaban que esos diputados libertarios no acompañaban la iniciativa.
En un intercambio por X con Carlos Maslatón, quien la consulto sobre si el proyecto lo había presentado sin autorización de MIlei, la diputada contestó: “Los diputados pueden y deben presentar PROYECTOS. No sabía que tenia que pedir permiso para proceder”.
El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se expresó contrario al proyecto de ley para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“Desde que se sancionó la ley del aborto, se redujeron el 90% de las muertes por esta causa en la provincia de Buenos Aires; es decir, se evitaron 45 muertes si el promedio era sostenido. No hay debate válido. Es cuestión de salud pública. Nos entretienen mientras ajustan y hambrean. No pasarán”, publicó en las últimas horas el funcionario bonaerense en su cuenta de la red social X.
En el caso del artículo 85, esta propuesta volvería a penalizar “con reclusión o prisión de uno a cuatro años” a quien causare el aborto en cualquier etapa de gestación y en el artículo 86 reinstalaría la “inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena” a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que “abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.
Además, se eliminaría el artículo 85 bis, que reprime “con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena” a quien “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare” a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
Asimismo, se modificaría el artículo 88 del Código Penal: “Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”.
En la legislación actual, este artículo aplica tan solo de tres meses a un año a la persona gestante que, “luego de la semana catorce (14) de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare”.
El proyecto presentado por LLA plantea además que “la tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.
