María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, encabezó una reunión con representantes de numerosas organizaciones, quienes expresaron su preocupación ante esta iniciativa.
Según señalan las Organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad la medida permitiría que cada financiador establezca sus propios aranceles en lugar de acordarlos en el Directorio de Prestaciones Básicas para todos los financiadores del Sistema.
Esta situación, señalaron, “conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad y sería contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, expresó en un comunicado la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Al finalizar la reunión, se elaboró un documento conjunto en el que personas con discapacidad, familiares, representantes de organizaciones sociales que nuclean este colectivo, organizaciones de Derechos Humanos e instituciones que brindan servicios asistenciales, expresaron su “rechazo a la propuesta de modificación del decreto 1193/1998 elaborada por el Gobierno Nacional que busca eliminar el nomenclador único del Sistema de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad”.
En el documento explicaron que actualmente las Prepagas, Obras Sociales y Sistema Público (Incluir Salud y PAMI) “están obligadas a cubrir el 100% de las prestaciones de habilitación y rehabilitación indicadas a las personas con discapacidad. Los aranceles de las mismas se encuentran regulados y expresados en un único valor con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y a la educación a todas las personas con discapacidad, sin diferenciar el tipo de cobertura que posean”.
