El superávit fiscal, celebrado por el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se basa en un fuerte recorte de las partidas presupuestarias, siendo las jubilaciones el principal componente de este ajuste.
Según un informe del Centro de Economía Política (CEPA), el recorte a los jubilados constituye el 35% del superávit fiscal logrado en febrero, lo que pone de relieve el peso que están llevando los jubilados y pensionados en el ajuste fiscal. A pesar de esta situación, el gobierno se muestra renuente a actualizar la fórmula jubilatoria, dejando en incertidumbre el futuro de los ingresos del sector.
Según el CEPA, de cada 100 pesos ajustados en febrero, 35 correspondieron a recortes en jubilaciones. Esta reducción presupuestaria se tradujo en una caída del 38% en las partidas para jubilaciones, del 43% en las pensiones, del 85% en las transferencias corrientes a las provincias y del 35% en las universidades nacionales durante el mismo periodo.
Mientras tanto, la Canasta Básica de los Jubilados ha experimentado un alarmante aumento del 239% en los últimos 12 meses, contrastando fuertemente con el haber mínimo que se sitúa en niveles considerablemente más bajos, siendo partir de marzo de 2024 de $134.445.
El impacto de la inflación y los ajustes económicos ha golpeado duramente el poder adquisitivo de los jubilados, quienes se ven enfrentados a una creciente disparidad entre sus ingresos y los gastos mensuales esenciales. A pesar de los intentos por contener la situación, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados se ha perpetuado a lo largo de los años, con una caída del 40% en el haber mínimo desde 2015.
El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, sostuvo que “los nuevos datos de la Canasta Básica de los Jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta”.
El gobierno propone una nueva fórmula de ajuste para los haberes jubilatorios, ligada a la inflación, con el objetivo de evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, la implementación de estas medidas enfrenta desafíos presupuestarios y la necesidad de equilibrar las finanzas públicas. En este contexto, el gobierno busca cristalizar esta pérdida al atar las jubilaciones a la inflación.
Primero buscó realizarlo con un artículo de la ley Ómnibus, que fue derrotada en el Congreso. Ahora insiste con una nueva versión de ese proyecto en donde plantea otorgar en abril un aumento del 13,2% -que fue la inflación de febrero- más otro 10% como compensación por el deterioro de estos meses: en total el 24,52%, cuando para el mismo período la inflación fue arriba del 50 %. Y en adelante ajustar los haberes por el IPC con un rezago de 2 meses.
