En la sesión de ayer jueves 3 de julio la Legislatura porteña rechazó en pleno —por parte de los 56 legisladores presentes— el veto parcial a la ley 2722. La norma —cuyo artículo 5to. fue objetado por el Ejecutivo— introduce una nueva zonificación en el Código de Planeamiento Urbano para el barrio de Caballito, limitando la altura de los nuevos edificios en diferente sectores. La noticia cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que alrededor de la mitad de los votos rechazando el veto corresponden al bloque del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires.
El martes último el veto se hizo público al figurar en la edición de ese día del Boletín Oficial. Desde Pekín, Macri afirmó que “la Legislatura había decidido arbitrariamente limitar la altura en ese sector de Caballito y nosotros creemos que puede tolerar edificios por las construcciones que hay en el entorno“. El sector aludido corresponde a la zona circundante al Hospital Durand. El secretario de Planeamiento, Héctor Lostri, había justificado el veto porque se impedía la instalación de farmacias, fotocopiadoras y otros comercios cerca del hospital. Esto probaría ser inexacto ya que la norma no limita la existencia de comercios en el sector.
De haberse aceptado, el veto de Macri hubiera permitido construcciones en altura que según estimaciones del legislador Eduardo Epszteyn podrían totalizar 180 mil metros cuadrados. El ex ministro de Ibarra, argumentó que la zona vetada por Macri “tiene una superficie aproximada de 60 mil metros cuadrados, donde se pueden construir en total 180 mil metros cuadrados, pero con el proyecto de los vecinos, la superficie construible bajaba a 72 mil metros cuadrados. O sea, que hay una diferencia aproximada de 100 mil metros cuadrados. Si suponemos que el metro cuadrado en el mercado se vende a 1500 dólares, la diferencia teórica en el precio de venta final es de 15 millones de dólares”.
En realidad Epszteyn se equivoca en el cálculo; la diferencia correcta es de 150 millones de dólares. La cifra podría dar mayor sustento a su acusación de que el macrismo privilegia “los negocios por sobre los intereses de los vecinos”.
La rápida respuesta del bloque PRO en contra de la decisión de su jefe político descomprime la presión de las organizaciones no gubernamentales que venían trabajando junto a los legisladores desde hacía 18 meses. Cabe recordar que la ley es de segunda lectura. Tras haber sido aprobada fue sometida a la audiencia pública obligatoria y ratificada en el reciento en segunda lectura. La referencia de Macri en torno a que la Legislatura “había decidido arbitrariamente limitar la altura en ese sector de Caballito” no sólo carece de sustento frente al compromiso de trabajo conjunto entre legisladores y vecinos, sino que el uso del término “arbitrario” para referirse a la decisión de un cuerpo colegiado resulta cuanto menos una descortesía por parte del Jefe de Gobierno hacia el Poder Legislativo de la Ciudad.
Por otra parte, un acompañamiento al veto oficial de los legisladores del PRO no hubiera podido eludir el mote de “escribanía” tan utilizado en estos días para referirse al Congreso cuando trata proyectos del Ejecutivo Nacional. Que no haya resultado así, es un avance democrático digno de celebrar.
