El pasado jueves 28 de febrero, cerca de las 17 horas, el Tribunal Oral Federal número 2 confirmó lo que venimos denunciando hace años: la “investigación” del Atentado a la AMIA fue, en realidad, encubrimiento. Sin embargo, no estamos para celebrar. La paradoja es que esta sentencia no hace feliz a nadie, solo nos acerca a la terrible sospecha que teníamos: nunca vamos a saber qué pasó en la AMIA, porque aquí se trabajó sistemáticamente para ocultar la verdad y construir pistas falsas. El segundo efecto de esta sentencia es la de demostrar que, en este país, la justicia depende de las víctimas. Saber qué pasó o, en este caso, denunciar el encubrimiento, ha sido tarea de los familiares, ya que jamás el Estado estuvo en el lugar que tenía que estar. Cambian los gobiernos y se mantiene una sola constante: la ausencia de aquellos que debían investigar. La responsabilidad en la búsqueda de la verdad, lamentablemente, siempre dependió de los familiares.
Pero la sentencia del jueves, igualmente, sí cambió algunas cosas. El encubrimiento dejó de ser un discurso de un grupo de familiares y pasó a ser un hecho probado por la justicia. Memoria Activa no es un grupo de locos vociferando denuncias, – como nos han acusado reiteradas veces-, somos familiares buscando verdad y justicia por los muertos de la AMIA. También quedó demostrado qué rol ocupó cada uno en este juicio: el ministro de Justicia Germán Garavano no es un ministro de justicia que simplemente defendió fiscales, es otro político inescrupuloso con intereses espurios que buscó la absolución de delincuentes, y por lo tanto debe renunciar. La AMIA y la DAIA volvieron a ocupar su lugar de encubridores: antes y después del fallo siguieron defendiendo a encubridores como el destituido juez Galeano y los ex fiscales, sobre los que ahora se probó su comportamiento ilegal. Este juicio vino a demostrar de qué lado de la historia está cada uno.
El pasado jueves demostró que se le pagó ilegalmente a un testigo para dar falso testimonio. Que Telleldín recibió 400 mil dólares del Estado para inculpar a personas cuya responsabilidad en el caso nunca se probó. El pasado jueves se demostró que hubo una grave violación a los derechos humanos y, tal como dijimos durante tanto tiempo, hubo encubrimiento.
El fallo era necesario pero no fue suficiente. Las penas son bajas para los delitos cometidos. La absolución del ex presidente Carlos Menem es inexplicable. El juicio demostró que su gobierno sabía que el atentado iba a ocurrir, que no hizo nada para evitarlo y que se encubrió la pista que vinculaba a un amigo de su familia con el atentado, lo que hace muy difícil pensar en su inocencia. El juicio también concluyó con la absolución del ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, cuestión sobre la que apelaremos dado que estamos convencidos de su participación necesaria en el encubrimiento. De todas formas, su responsabilidad política ha quedado demostrada: su apoyo constante al gobierno menemista y a la investigación del juez y los fiscales, su conocimiento de la maniobra de encubrimiento y el pago a Telleldín que jamás hubiera sido posible sin su consentimiento.
Hemos caminado solos, unos pocos, durante muchos años. Mientras nos acusaban de traidores, de locos; hemos tolerado mucho maltrato durante estos cuatro años de juicio por parte de los encubridores, responsables del segundo crimen a la AMIA. El primero fue la bomba. El segundo, el encubrimiento, que el Tribunal acaba de reconocer que es una “grave violación a los Derechos Humanos”. Del primero quizás nunca sepamos nada; pero el segundo quedó demostrado. Hubo encubridores que desviaron la investigación y destruyeron pruebas. En el banquillo de los acusados estaban: el ex presidente de la Argentina, el ex presidente comunitario, el ex jefe de Inteligencia y su segundo, comisarios de la policía, oficiales, un juez, fiscales y otros encubridores. Todos parte de una misma maniobra espuria que, desde el jueves, quedó demostrada por la justicia. Todos parte de una única realidad del país: la búsqueda de la verdad depende de los familiares, y es una lucha muy costosa, dolorosa y está plagada de obstáculos.
Han pasado 25 años casi ya desde el atentado a la AMIA. Es mucho. Pero se olvidan, quienes encubren, que las víctimas somos nosotros, no fueron ellos aunque intenten mentir con sus discursos. Y que para una víctima, no hay nada más importante que la verdad.
Han pasado 25 años en los que la Justicia y todas las instituciones de la democracia argentina no nos dieron nada. Lo que recibimos el jueves, gracias a nuestra incansable lucha, es al fin una respuesta aunque con sabor a poco. Logramos, sin embargo, abrir una pequeña puerta en los laberínticos pasillos de la justicia argentina y es por eso que tenemos la certeza, hoy más que nunca, de que el camino iniciado hace tantos años es definitivamente el correcto y es el camino que seguiremos transitando. Justicia, justicia perseguiremos.