El lunes 10 tuvo lugar una nueva audiencia sobre la ley que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta implementar en la sesión de este jueves 13 de junio. La ley, que escondería la intención de criminalizar la protesta social, da más poderes a policías y fiscales, dejando de lado el principio de inocencia. Además, incrementaría la presencia de personas detenidas en comisarías y alcaldías, que ya de por si se encuentran colapsadas.
La audiencia fue convocada por la legisladora Celeste Fierro, con la presencia de todo el bloque del Frente de Izquierda, organismos de DDHH y la presidenta de la Comisión de DDHH Victoria Montenegro,
La legisladora sostuvo: “Jorge Macri quiere votar en la próxima sesión de la legislatura una reforma al Código Procesal Penal a tono con la política punitivista y represiva del Gobierno nacional”.
Según argumentó, el proyecto “con la excusa de combatir el delito y la puerta giratoria, incluye entre otros puntos la figura de reiterancia delictiva. Macri sólo quiere mostrar espejitos de colores, pero apunta a criminalizar la protesta social y dar más poder a los policías y fiscales, quienes son parte del entramado delictivo”.
Por último, remarcó que “el concepto de reiterancia aplica sobre las personas y no sobre el delito”, lo que consideró una “ridiculez”, ya que advirtió que es lo que “utiliza la policía y la justicia para detener manifestantes, vendedores ambulantes o jóvenes”. “Hay que enfrentar esta política punitivista, estigmatizante y represiva, al servicio del ajuste de Macri y Milei”, concluyó.
Si bien hubo modificaciones en relación al proyecto original, el mismo sigue manteniendo el elemento criminalizador hacia manifestantes y personas en situación de calle. La ley permitiría encarcelar a personas cuya causa en su contra no lo amerita: delitos leves, no violentos y sin peligro de fuga, mientras que no modifica en nada la sanción a delitos graves.
Según se explicita, la Ley entra en contradicción con el Artículo 18 de la Constitución Nacional, ataca la presunción de inocencia y de sano juicio, da poder absoluto a fiscales y policías de la Ciudad sobre todo en los allanamientos de urgencia, que podría considerarse como tal simplemente si existen 2 o 3 personas entrando a un lugar.
A su vez legaliza que se pueda entrar a organizaciones sindicales y otras asociaciones permitiendo dar órdenes de allanamiento por whatsapp, sin que tengan que ser aprobadas por un juez.
Según sostiene, Prensa Obrera, “El avance de este proyecto generó una alarma en el gobierno porteño y su bloque parlamentario. Es que un proyecto de estas características, tan burdo, podría no conseguir todos los votos para su aprobación (incluso en sectores que son parte del PRO o muy cercanos) y generar algo peor para los objetivos represivos: una resolución posterior de inconstitucionalidad.
Es por eso que desde el oficialismo se dispusieron a “aminorar” los golpes de la nueva legislación: el último dictamen, que el gobierno se prepara para votar este jueves, contempla la elevación a juicio para la reiterancia. Ésta, además, ya no implicaría una tercera causal para la prisión preventiva sino que entraría en los parámetros a tener en cuenta para el peligro de fuga”.
