Infografía de la ONG Basta de Demoler. La linea punteada delimita la Casa Benoit y el mural demolidos.
Suspensión del uso de firmas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 años es el castigo aplicado por el GCBA al arquitecto Federico Luis Witko y al ingeniero Ángel Esteban Palacios, responsables de la demolición fraudulenta de los dos inmuebles de la Casa Benoit y del mural Carnavales de Antaño, del Grupo Muralistas del Oeste en avenida Independencia y Bolívar. El edificio Benoit estaba catalogado con nivel de Protección Cautelar y ubicado en el Área de Protección Histórica de la Ciudad, en el denominado Casco Histórico de Buenos Aires. La noticia fue dada a conocer hoy en el sitio web de la GCBA.
Por si queda alguna duda sobre los alcances de la medida vale la pena acenturar el carácter administrativo de la resolución: ni el Arq. Witko, ni el Ing. Palacios podrán, por ejemplo, solicitar un permiso de obra (algo que no hicieron en el caso de marras) con su firma, en futuros emprendimientos. La medida en forma alguna los inhabilita para dirigir obras en la Ciudad de Buenos Aires y figurar en tal carácter en la cartelería respectiva.
Habría que estar a la expectativa, en cambio, con la actitud a tomar por los colegios profesionales de Ingeniería y Arquitectura. La Dirección General de Registro de Obras y Catastro anunció que ambas entidades serán informadas, a fin de que los tribunales de ética y disciplina tomen nota de lo resuelto.
Por otro lado, las actuaciones se remitirán a la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se apliquen “las multas correspondientes”. En el comunicado de prensa no se aclara que, por la legislación vigente, esas multas tienen un tope de diez mil pesos.
Por otra parte, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad ha recomendado excluir del Registro de Demoledores y Excavadores a la empresa Marcelo Fabián Heredia, que realizó las tareas de demolición en el inmueble ubicado en la calle Bolívar 775/77. La resolución se elevará a la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, “a fin de que evalúe si debe efectuarse la denuncia penal correspondiente”.
En ningún lugar se menciona a la empresa Agro Bolívar, la firma que según Segio Kernan en Farsa, protesta y castigos, Página/12, 20 de mayo de 2008, compró la casa y pidió autorización para demolerla. Agro Bolívar no es un nombre de fantasía, como supone el citado articulista. Figura en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas con el número de CUIT 30-70816215-5.
En contacto con la oficina de prensa del Ministerio de Desarrollo Urbano, La Urdimbre no pudo obtener precisiones al respecto.
En síntesis, por el lado del Gobierno de la Ciudad no hay las medidas drásticas anunciadas: los profesionales involucrados le pedirán a algún colega que firme por ellos cuando deban realizar un trámite en el GCBA, la empresa de excavaciones dejará de estar en el registro respectivo y anotará a un cuñado del dueno como responsable de la firma, quien se inscribirá como empresa nueva y podrá realizar otras demoliciones en la Ciudad de Buenos Aires y en cuanto a la fantasmal firma propietaria del predio, ésta pagará diez mil pesos de multa.
Juan Pablo Piccardo, el Ministro de de Ambiente y Espacio Público, anunció semanas atrás que el espacio público no era negociable. La vice jefa de Gobierno, Gabriela Michetti, respaldó sus declararaciones. Fue en ocasión del acampe cartonero en Barracas de Belgrano. Cuando las violación al espacio público —como es la destrucción fraudulenta de un bien patrimonial de la Ciudad— la realizan empresarios y profesionales, ¿no debería el Gobierno de Mauricio Macri poner el mismo celo protector en preservarlo? ¿No debería al menos iniciar una causa ante la Justicia como legítimo representante del pueblo damnificado de la Ciudad de Buenos Aires?
| Más información |
| Sancionan a los profesionales que demolieron el edificio Benoit |
