La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires facilite la escrituración de las viviendas que un grupo de vecinos adquirió hace 20 años, a través de un proyecto de la ex Comisión Municipal de la Vivienda.
El fallo del máximo tribunal, que difundió la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas -Infojus- obliga al gobierno porteño a permitir que la compra se formalice “a un precio justo teniendo en cuenta las erogaciones económicas que se registran desde 1993”, fecha en que se realizó la operación inmobiliaria.
Los vecinos habían presentado una acción de amparo contra el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y contra el Gobierno porteño, y con el objetivo de que “se diera inmediato cumplimiento a lo normado por la ley Nº 2033”.
Esa ley, que aprobó la Legislatura porteña en 2006, había creado un registro destinado a inscribir a los deudores de las cooperativas de vivienda y a facilitar acuerdos para la cancelación de las deudas pendientes con esas organizaciones.
Ahora la justicia -tras cuatro fallos favorables al planteo de los vecinos- obligará al gobierno porteño a cumplir con la ley.
El caso está vinculado a los complejos habitacionales de la calle Chile 252 (48 viviendas) y de la Avenida Avellaneda 4040 (44 departamentos), construidos en el marco del proyecto “Terreno, Proyecto y Construcción”.
El proyecto era de la entonces Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), hoy Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), y de cooperativas vinculadas a las empresas constructoras bajo Licitación Pública 17 de 1993.
La operatoria estaba destinada, según un informe de la Defensoría del Pueblo porteña, a “resolver el déficit de vivienda de sectores de recursos medios y medios bajos, poniendo a su alcance unidades habitacionales de similares características a las que se ofrecen en el mercado privado, pero a precios más accesibles y con una financiación acorde a las necesidades del sector al que iba dirigido”.
El mecanismo establecido consistía -en la mayoría de los casos- “en la participación de las cooperativas en un 10% del costo del edificio a construir juntamente con la entonces comisión municipal, quien aportaba el 90% del costo mencionado con fondos provenientes del FONAVI”.
Los vecinos explicaron en la Justicia que “al adquirir los inmuebles en cuestión, suscribieron una hipoteca” y “al poco tiempo de residir en el edificio, pudieron advertir importantes deterioros, y el cobro de un sobreprecio de aproximadamente un 50% sobre el valor real de los departamentos”.
Los vecinos consiguieron el dictamen de la oficina del ombudsman que determinó que “la operatoria no alcanzó los fines propuestos” y denunció “graves irregularidades y anomalías que afectan a los propietarios de las viviendas adquiridas a través de esta modalidad”.
Desde entonces, los vecinos atraviesan una situación precaria, con soluciones parciales que nunca terminaron de concretarse, y fallos que sistemáticamente fueron apelados por el gobierno porteño hasta que la Corte Suprema, en su último acuerdo, del 22 de octubre pasado, le puso punto final. (Télam)
