EN AMPARO DE VECINOS DE LA VILLA 26
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro 2, Roberto Gallardo había hecho lugar al recurso de amparo presentado por vecinos de la villa 26 contra el GCBA y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad por tener suspendidas y paralizadas las obras de construcción de viviendas para las 250 familias de la villa 26, trabando un embargo sobre los fondos del IVC por 30 millones de pesos con destino a la construcción de dichas viviendas.
El Gobierno de la Ciudad optó por tratar de eliminar al mensajero: en lugar de argumentar sobre el fondo de la cuestión —o sea, si ha paralizado o no las obras y qué piensa hacer al respecto— impugna a Gallardo. Se trata de una forma de ganar tiempo y/o apostar al muy improbable éxito de su movida.
“No resulta congruente con los principios que impulsa el estado de derecho la preeminencia de una argucia procesal, sobre la pronta resolución del fondo de la cuestión, cuando se encuentran en juego derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la vivienda digna, y al hábitat adecuado, consagrados en la Constitución de la Ciudad y en diversos tratados de Derechos Humanos, incorporados a la Constitución Nacional”, destacan los legisladores en los fundamentos de un proyecto de declaración presentado ayer en la Legislatura porteña en el vuelven a cuestionar la ausencia de una política habitacional del Gobierno de Mauricio Macri.
