Amargas navidades para catorce colegas editores de medios periodísticos barriales las de 2008: el Gobierno de Mauricio Macri les comunicó, días antes del festejo, el retiro de la pauta publicitaria oficial a la cual está obligado por una ley de promoción del periodismo vecinal, reglamentada en 2002. La mayor parte de los periódicos, revistas y sitios web, amparados por la ley, resultan inviables sin publicidad oficial; estamos condenados a desaparecer.
Mientras tanto, represores que contribuyeron a desaparecer a personas en los años de plomo siguen engrosando la lista de inspectores de la Ciudad –que contrata el ex juez Federico Young, al frente de la Agencia de Control Comunal– con sueldos individuales hasta cinco y seis veces superiores al aviso que el Gobierno de Macri deniega a los editores barriales. Entre los contratados por Young, varios superan los 70 años. En la década del 70 tenían cargos altos en el escalafón militar. Uno dirigía un centro clandestino de torturas en Santa Fé. No ha podido ser reconocido por los sobrevivientes: estuvieron con sus ojos vendados a lo largo del calvario.
Interpelado por legisladores de la oposición, el titular de la Agencia de Control Comunal sostuvo que todos los ex militares contratados por su repartición cumplían el único requisito exigido: no tener antecedentes policiales.
Por su parte, Gregorio Centurión, el Secretario de Comunicación Social –quien depende directamente de Macri, su ex condiscípulo del Colegio Newman– ha venido autorizando nuevas exigencias editoriales inauditas a los modestos periódicos, revistas, programas de radio, etc. en los que está obligado a colocar por ley publicidad oficial.
Pobres y no famosos
O sea, mientras represores del proceso ingresan bajo el arco de triunfo de Young, modestos periodistas barriales son sometidos a transitar bajo las horcas caudinas de Centurión. Así, por ejemplo, para mantener la pauta publicitaria los medios vecinales
–que concursamos todos los años para ingresar a un Registro oficial– no podremos entrevistar a gente común, anónima o humilde de los barrios. Estamos obligados a dejar en claro “la importancia, trascendencia de la labor o de la actividad que desempeñó o desempeña la persona en ese barrio”. El desafortunado cartonero que perdió seis hijos en el incendio de La Boca, desde luego, no califica. El comisario de la seccional 24 calculamos que si, aunque no se sabe, todo es relativo en la óptica perversa de la Secretaría de Comunicación Social.
Manu militari
Algunos “instructivos” del área son reminiscentes de los decretos secretos de la última dictadura militar brasileña. Así lo expresa la Asociación Vecinal Medios Barriales (ROAC 2878) en nota dirigida a Centurión, al analizar una cláusula que afecta a los editores de sitios web y que reza “Con el fin de evitar la contaminación visual de la página solo podrán establecerse en Home 7 publicidades”:
La lista de inequidades es larga y el abuso contra los más débiles constante: la millonaria publicidad que el Gobierno de la Ciudad otorga a los medios de circulación masiva no está condicionada, desde luego, por prerrequisitos de ninguna clase. El apriete a los medios vecinales en cambio parece no tener límites: “No se podrá publicar textos, imágenes, datos o información que defienda o muestre pornografía, obscenidad, vulgaridad, blasfemia, odio [¿contra el Jefe de Gobierno por ejemplo?], fanatismo , racismo o violencia gratuita …[¿y la paga, sí?]. Amenace, hostigue, difame [¿a legisladores del PRO, p. ej.?], discrimine o intimide a una persona, etc. etc.”
Compelidos a metamorfosis kafkianas para subsistir o rebelarse ante la arbitrariedad, muchos medios barriales hemos elegido el único camino posible.
