El anuncio del Gobierno nacional del envío al Congreso de una modificación a la ley nacional de Educación para penar el “adoctrinamiento” dentro de las aulas recibió el cuestionamiento de sectores educativos que consideraron que la propuesta de abrir una línea telefónica para denunciar estas actividades implica “una amenaza” hacia los docentes y afirmaron que son medidas tendientes a “destruir a la escuela pública”.
El jueves pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional con “el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas”.
“Nos entristece ver contenidos en las aulas o en los actos escolares teñidos con militancia ideológica, como el caso de un video que se difundió estos días donde se mostraba un acto en un colegio que ofendió a familias, estudiantes y veteranos de Malvinas”, dijo el portavoz presidencial.
El funcionario se refiere al video del discurso de una docente en la provincia de Buenos Aires en el que, durante un acto por el 2 de abril plantea que “los medios masivos convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario”.
Sus palabras generan aplausos y también rechazo de los presentes en el acto escolar. La docente interrumpe su discurso y luego continúa con una referencia a declaraciones de la canciller de Argentina, Diana Mondino: “Con base en fuentes periodísticas sabemos que la cancillería argentina anticipó que, en el conflicto sobre la soberanía de Malvinas, contemplaría la voluntad de los kelpers, reconociéndoles una autodeterminación que no poseen”.
Manuel Becerra, profesor, formador docente, y magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), dice a CNN que no ve viable que se logre reformar la ley N°26.206 de Educación Nacional.
“La educación argentina está federalizada. En rigor, quienes podrían llegar a tomar alguna medida disciplinaria sobre docentes que incumplan su función son las provincias. Sobre eso el estado nacional no tiene ninguna injerencia porque no son empleadores de docentes de los niveles obligatorios, sí de docentes universitarios”, explicó.
El especialista -que dirige Gloria y Loor, un medio especializado en educación creado desde la perspectiva de docentes- considera que este anuncio profundiza “un ámbito, que ya está generado desde hace un par de años, de autocensura y persecución político e ideológica a los docentes que no piensen como piensa el Gobierno”.
“Si adoctrinamiento sería no comulgar con el dogma del que participa este gobierno, entonces el objetivo sería perseguir a quienes piensan distinto, ni más ni menos”, resume Becerra.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) expresó su preocupación por la iniciativa y denunció “la represión, censura y persecución ideológica que el gobierno está llevando a cabo en contra de la docencia en nuestro país”.
“A todas las medidas de ajuste, desfinanciamiento educativo, precarización laboral y vulneración de derechos sociales ya ejecutadas por el gobierno nacional, ahora se suma la amenaza hacia las y los docentes por adoctrinamiento, exhortando a las familias a denunciar por inculcación ideológica a través de un 0800, rememorando la medida adoptada durante el gobierno de Mauricio Macri”, indicó Ctera en un comunicado.
A su vez, enfatizó que la educación se encuentra “a la deriva, con un Ministerio de Educación degradado a Secretaría, sin un proyecto educativo integral, sin propuestas para mejorar la calidad educativa, donde sólo encontramos medidas para destruir a la escuela pública”.
“Es clave la formación del docente, que tiene que estar preparado para generar pensamiento crítico, para generar discusión, para generar debate, para proponer lecturas alternativas, para poder incitar a la reflexión sobre los distintos temas”.
