El incendio en Iron Mountain en el que murieron nueve bomberos y un rescatista fue intencional, según el peritaje realizado por la Policía Federal, que encontró rastros de “sustancias combustibles” y elementos que no “se correspondían” con el equipamiento del depósito del barrio porteño de Barracas, informó el Ministerio Público Fiscal.
“El peritaje que determina la intencionalidad del siniestro nos pone ante la miserabilidad de delincuentes que seguramente quisieron hacer desaparecer documentos sensibles”, denunció el legislador de la Ciudad Gabriel Fuks.
Además, señaló que en las últimas horas, la Legislatura porteña recibió una respuesta desde el Ejecutivo al pedido de informes por el tema presentado hace un año.
A partir de una primera lectura, Fuks advirtió que “es menester cumplimentar las investigaciones administrativas que delimiten en que fallaron los controles, ya que, “prima facie”, la última inspección habría sido realizada en el año 2011″.
Por último, reclamó “ambas instancias deben llegar hasta el final, la Justicia en relación a la acción criminal y el Estado en base a las responsabilidades administrativas”.
Por su parte, el legislador porteño Alejandro Bodart acerca del resultado de las pericias dijo que “Era una de las hipótesis que veníamos barajando porque esta empresa tiene un extenso historial de incendios intencionados. Su negocio es guardar pruebas y luego borrarlas”, dijo en declaraciones a Télam. Asimismo, el diputado sumó su cuestionamiento al Estado porteño al señalar que “fue muy turbio el tema de los controles que se efectuaron a la empresa antes del incendio ya que inspectores habían denunciado que allí podía ocurrir algo así porque casi que estaban desactivados los mecanismos de alarma de fuego”.
En tanto, El Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, exigió que el Ejecutivo Porteño “dé explicaciones con respecto a los beneficios impositivos con los que benefició a la empresa Iron Mountain”. “Mientras el Gobierno aumenta abruptamente los impuestos a los porteños todos los años, sólo en 2012 Iron Montain se ahorró 5 millones de pesos por el distrito tecnológico entre ingresos Brutos y ABL”, señaló Epszteyn.
“No se entiende por qué el Gobierno le otorga ese privilegio a una empresa que se dedica a guardar información en papel”, sostuvo el auditor en un comunicado.
Por otra parte, recordó que Iron Mountain “es proveedor del gobierno de la Ciudad, ya que entre 2009 y 2010 recibió de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno más de un millón de pesos por el servicio de digitalización de datos”.
“El Gobierno -dijo- debe explicar cómo ejerce el control sobre las empresas que beneficia en el Distrito Tecnológico. Descubrimos empresas que redujeron su personal y otras que ni siquiera están inscriptas en Parque Patricios”.
Epszteyn aseveró que “llama la atención que uno de los clientes más importantes de Iron Mountain sea el Banco HSBC, acusado tanto en Argentina como en Europa de permitir una evasión fiscal y lavado de dinero sin precedentes a través de cuentas en Suiza”.
Antes del incendio en Barracas, la empresa Iron Mountain tuvo siete incendios en 17 años en el mundo, uno de los más importantes el que ocurrió el 12 de julio de 2006 en la zona de Bow, este de Londres, que según la crónica de la cadena BBC provocó llamas de hasta 10 metros que “pudieron verse en toda la ciudad”.
La investigación del departamento de bomberos (London Fire Brigade) sobre ese siniestro también concluyó que el fuego pudo ser provocado de forma intencional y encontró serias irregularidades, como la deshabilitación del sistema principal y alternativo de rociadores automáticos.
