Una vez más el PRO intenta limitar el accionar de jueces del Foro contencioso administrativo, cuyos fallos resultan adversos en la mayoría de los casos, al Gobierno de la Ciudad. En intentos anteriores trataron de limitar la cantidad de amparos judiciales –los cinco jueces en la mira, sobre un total de quince, se destacan por ser “amparistas” en reclamos sociales—y en otra arremetida el entonces Procurador de la Ciudad Pablo Tonelli le sustrajo 400 expedientes al más conflictivo del grupo, Roberto Andrés Gallardo. En ambas iniciativas le fue mal al Gobierno; las instancias superiores no acompañaron.
Ahora Macri recurrió –en una controvertida ofensiva en forma directa– al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, omitiendo dar respuesta a varias cautelares de distintos juzgados con un típico argumento “ad homini”. El sugestivo “per saltum” del STJ tuvo lugar tras una visita personal de Mauricio Macri.
Sin anestesia
“Queremos que se disciplinen realmente, cumpliendo hasta donde llegan sus atribuciones. Nosotros creemos que en este caso, y en otros que hemos denunciado a Gallardo, se extralimita totalmente en sus atribuciones. ¿Cómo lo hacemos? Presentándonos ante el Tribunal Superior de Justicia, como debe hacerse” dijo el Jefe de Gabinete del GCBA en declaraciones televisivas.
Una transparencia de intenciones inédita o un uso precario del lenguaje la del señor Rodríguez Larreta que no parece medir las implicancias del término “disciplinar”. Convengamos que, sin recurrir al diccionario, se entiende que disciplinar es obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad para adecuarse a un régimen o conducta que se le impone.
El caso Ugolini
A los fallos que hacen lugar a medidas cautelares que disgustan al Gobierno se suman dictámenes contra el nombramiento de la fiscal de Cámara Daniela Ugolini como miembro del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad en reemplazo del jubilado Julio Mayer.
En esta causa hay un antecedente que dio lugar a la polémica sobre conflicto de poderes: el Juzgado Nº 6 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo de Patricia López Vergara, allanó el despacho de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control que preside el diputado Oscar Zago (PRO) y retiró el expediente en el que Mauricio Macri solicita el nombramiento de Ugolini. Es este mismo STJ el que tiene que fallar ahora en el pedido del Ejecutivo para limitar el accionar de los jueces de primera instancia y se presume que si ya hubiera sido nombrada Ugolini, sería un voto en sintonía con sus intervenciones anteriores que siempre favorecieron al PRO.
Conferencia de prensa
Así las cosas, los jueces en la picota llamaron a una conferencia de prensa que se realizó ayer. Gallardo y Elena Liberatori, también demandada, advirtieron sobre el hostigamiento al que se sienten sometidos por el Pro, y se preparaban para asistir a la audiencia pública donde deberán comparecer frente al STJ.
“No hay duda que aquí hay una evidente actitud de disciplinamiento”, dijo el juez Horacio Gallardo a Online-911. Advirtió que “el Gobierno ni siquiera apela nuestras medidas sino que va al Tribunal Superiores para que nos diga que no podemos actuar. Somos cinco de los quince jueces de la Capital los que estamos siendo cuestionados. El 33 por ciento del Poder Judicial porteño”.
Hoy, desde las 10.30, los cinco jueces demandados —Gallardo, Liberatori, Patricia López Vergara, Guillermo Scheibler y Guillermo Treacy— deberán explicar en la sede de Cerrito 760 ante el tribunal superior porteño sus fallos en el expediente Ugolini. Antes de que comience el proceso distintas organizaciones sociales se movilizarán para apoyarlos. “Habrá antes una misa dada por los curas villeros y luego entraremos a la audiencia donde convocamos a la ciudadanía a ver como se desarrolla este proceso y que vean esta acusación tan grave que estamos haciendo”, declaró Gallardo.
