La norma dictada por el presidente reglamenta algunos artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016.
El Ejecutivo podrá definir cuáles serán los datos de interés público. El bloque de diputados de Encuentro Federal presentó un pedido de informes, diversas organizaciones que buscan defender la libertad de expresión, como Poder Ciudadano o el CELS, manifestaron su preocupación.
El texto excluye de los datos que se pueden solicitar a todo lo que haga “al ámbito privado del funcionario” un concepto que ya usó para no informar, por ejemplo, sobre los perros que viven en Olivos.
También se restringe el acceso a información “que pueda ser usada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona”, a la relacionada a investigaciones en curso y a los “exámenes preliminares” de un asunto. Además, se suma la “violación al principio de buena fe”, que permite multar a quienes hagan un “uso abusivo” del derecho de acceso.
Declaración del CELS
El gobierno vuelve a legislar por decreto para restringir el acceso a la información pública. Con la excusa de cambiar la reglamentación de la ley, vuelve al Estado más opaco y menos transparente. Lo que a partir de ahora la reglamentación considera “privado” puede ser información de interés público .Por ejemplo: qué sociedades integran los funcionarios/as y por lo tanto conocer conflictos de interés que pudieran existir.
En investigaciones sobre la vigencia de los derechos humanos, la información que el decreto pretende hacer no pública muchas veces es fundamental. Por ejemplo: acceder a ella permitió saber que hubo una lista de periodistas excluidos de la cumbre de la OMC en 2017.
Esta decisión es claramente antidemocrática y contraria a la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
