El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que existe «una campaña mediática» que busca «acusar al Gobierno de querer facilitar la libertad» de personas detenidas con condenas y recordó que organismos internacionales y de derechos humanos formularon recomendaciones para «evitar el hacinamiento en las cárceles» ante el coronavirus.
«Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados», señaló el Presidente desde Twitter.
— Alberto Fernández (@alferdez) April 29, 2020
La Defensoría General de la Nación recomendó hoy a sus funcionarios renovar o instar «la agilización de los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro» de los acusados que se encuentran detenidos «en situaciones específicas».
Por «situaciones específicas» el organismo se refiere a presos incluidos en el grupo de riesgo y detenidos con prisión preventiva por delitos leves o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo o cuando la duración de la detención cautelar haya superado los plazos previstos por ley.
Al respecto, el Presidente sostuvo que «en Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades», recalcó.
En la misma línea, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que «es falso que exista un plan» de su administración para «liberar masivamente presos».
También desde Twitter, el mandatario provincial agregó que «es inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales. El Poder Judicial tiene esas atribuciones y respeto la división de poderes», consignó.
La Cámara Federal de Casación había recomendado hace dos semanas otorgar la prisión domiciliaria a presos no violentos para prevenir la propagación del coronavirus entre la población carcelaria, bajo los «mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder», y sólo para casos de «prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo».
También sugería ese beneficio para cuando hayan vencido los plazos de prisión preventiva establecidos por la ley; para las «personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la condena»; para aquellos sentenciados a penas de hasta 3 años de prisión y para quienes estén «en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional».
Estas medidas alternativas también deberían ser adoptadas en beneficio de «mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas; personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores; personas con discapacidades, inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, pulmonares y VIH».
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, consideró que no hay un otorgamiento «indiscriminado» de excarcelaciones y que, por el contrario, se analiza cada caso.
«Hay mala información y se difunde información en un sentido negativo», se quejó el ex magistrado y señaló: «Se rechazaron el 90 por ciento de las excarcelaciones que se pidieron y la Cámara de Apelaciones confirmó eso».
El representante de los jueces nacionales y federales no descartó que «algunos casos» de beneficios mal concedidos «sean ciertos», pero insistió en que «lo que trasciende en los medios no es lo que está ocurriendo» porque «los casos en los que no se podían aplicar las excarcelaciones fueron rechazados y esos rechazos fueron confirmados».
Los senadores de Juntos por el Cambio repudiaron hoy la posibilidad de que se otorgue la prisión domiciliaria a condenados por delitos graves y advirtieron sobre quienes «hayan cometido abuso sexual, por ser un delito que tiene alarmantes niveles de reincidencia, una baja tasa de condena y que somete a sus víctimas a una vida de sufrimiento y dolor».
«Nunca vamos a convalidar el otorgamiento de beneficios irracionales al victimario en detrimento de una víctima que merece toda nuestra atención, cuidado y protección», expresaron en un comunicado.
Además, mientras el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Pichetto consideró que «deberían ser sometidos a juicio político y echados los jueces que dejan en libertad a delincuentes peligrosos», la ex ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que los presos «tienen que estar en donde su condena dicta» porque, en caso contrario, «entramos en el mundo del revés».
Fuente: resumenlatinoamericano.org/
