La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, llevó a cabo, el viernes 6, una reunión en la que se trataron las impugnaciones al pliego que pretende nombrar juez de la Ciudad a Martín Farrell.
Farrel está imputado por haber sido Director de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control, cuando se derrumbó el entrepiso del boliche Beara y provocó la muerte de dos adolescentes y más de veinte heridos.
La reunión contó con la presencia de Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padres de las dos jóvenes fallecidas y Familiares de Víctimas de Cromañón, que increparon al presidente de la Junta y legislador del PRO, Jorge Garayalde, por las trabas que le están poniendo al pliego para que se apruebe de forma ficta, es decir, directamente, sin ser tratado en el recinto ni sometido a la discusión de la totalidad del Cuerpo parlamentario.
Aquellos que presentaron impuganciones, Lizarraga y Tagliaferro, familiares de Cromañón, y las legisladoras (MC), María José Lubertino y Rocío Sánchez Andía, entre otras que suman 14 en total, deberán presentarse en la próxima instancia del tratamiento del pliego, que será la Audiencia Pública convocada para el 25 de junio, día en que la Selección Argentina de fútbol disputará un partido del Mundial.
Por tal motivo, las legisladoras de la oposición, que forman parte de la Junta, Gabriela Alegre, María Rosa Muiños y Paula Penacca, del Frente para la Victoria; Cristina García de Confianza Pública; y Paula Oliveto Lago de la Coalición Cívica, firmaron en disidencia argumentando que no se está cumpliendo con la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 6 de Regulación de Audiencias Públicas y el reglamento interno de la Legislatura, que establece que las mismas deben llevarse a cabo en horarios que favorezcan el acceso de los vecinos a presenciarlas.
Además, Muiños informó que presentó una nota “solicitando información sobre una nueva causa de Farrell similar a las (cinco) anteriores que tiene”, en referencia a que el postulante a juez recibió en su correo electrónico, imprimió y presentó sin firma el pedido de un abogado para levantar una clausura, el pasado 23 de mayo. Este hecho, está siendo evaluado por la Comisión de Disciplina, remitidos por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, luego de recibir un oficio del titular del Juzgado N° 2, Andrés Gallardo.
Asimismo, la legisladora del Frente para la Victoria consideró que “una persona que quiere ser juez y el Cuerpo que lo designa deberían considerar que no tenga ninguna causa” y dijo entender que “no hay forma de que el pliego se trate sin que el Cuerpo lo discuta, por eso nosotros nos estamos ocupando y dándole tratamiento”.
Por su parte, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, solicitó “que el día 25 de junio se reúnan, a las 17hs, la Junta de Ética y la Comisión de Justicia, de manera conjunta y quede asentado que se está incumpliendo el reglamento interno de la Legislatura y la ley N° 6 en cuanto al procedimiento de Audiencias Públicas, ya que la están convocando en un día imposible”.
Por último, la legisladora Cristina García denunció que “después de la resolución que enviaron desde la Junta, con respecto a la modificación del cronograma, se agregaron días que no están en la ley, ya que a nosotros nos figura que la Audiencia Pública debería establecerse el 11 de junio y no el 25; además, el expediente de Farrell ingresó el 1° de abril a la Legislatura y recién una semana después a la Junta”.
La reunión contó, además, con la presencia de los legisladores del PRO, Carmen Polledo, Daniel Presti, Gabriel Seijo, Agustín Forchieri y Federico Salvai.