SUNTUOSIDAD Y MISERIA EN LA CIUDAD METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
Mesa coordinadora APEVU (Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos)
La conurbación de Buenos Aires es una de las mayores del mundo por su extensión y población. Se multiplicó vertiginosamente en los últimos 60 años, repitiendo un modelo de urbanización consistente en la acumulación de grandes contingentes de población a expensas del abandono del territorio nacional y sin planes de desarrollo. En Latinoamérica Buenos Aires, San Pablo y México DF, son tres ciudades ejemplo de este proceso socioeconómico perverso, de graves consecuencias para la misma ciudad y el país.
Hoy se da el hecho que en una milésima parte de la superficie de la Argentina, se acumula más de un tercio del total de su población (13 millones de habitantes en 2500 Km2); con una densidad promedio de 3.600 hab/km2 y con puntos colapsados de 180.000 hab/km2 en barrios de la Ciudad Autónoma contra un promedio de 13 hab/km2 en todo el país.
Nuestra Ciudad Metropolitana de Buenos Aires [Ciudad + Gran Bs As] se fue desarrollando a golpes de rematadores de tierras: Kanmar, Vinelli y Lucchetti fueron sus “urbanistas”.
Su administración depende de diferentes gobiernos: nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma. Esto ha posibilitado que cada presidente, gobernador, intendente o jefe de gobierno improvise, respecto a los códigos urbanos, en función de los negocios con los emprendedores inmobiliarios de turno y sean fuertemente sospechados de malversación de tierras públicas en beneficio de esos mismos negocios; que modifiquen usos y densidades para las nuevas obras, sin pensar en las graves consecuencias derivadas de la aplicación de estas ordenanzas o leyes hechas a medida; que en el pedazo de esta Ciudad Metropolitana, denominado Ciudad Autónoma, se intente modificar caprichosamente el Código de Planeamiento Urbano para habilitar un estadio en el Predio ocupado por la Sociedad Rural Argentina –en el centro de una zona colapsada; se pretenda hacer lo mismo con las áreas ferroportuarias norte y sur, para completar el operativo de la Corporación Antiguo Puerto Madero y se intente conservar y aún más, ampliar, el Aeroparque Metropolitano en su ubicación actual, maltratando ambientalmente a la población y violando la normativa vigente.
Paralelamente, a lo largo del siglo XX los espacios verdes públicos parquizados han disminuido en un 70% en relación a la cantidad de habitantes; el 10% de la población vive en villas miseria, otro 10% hacinado en condiciones similares y otro 30% en viviendas obsoletas. Sin embargo, en los últimos cuatro años la superficie destinada a “vivienda suntuosa” representa la mayor cantidad de permisos de construcción demandados.
El Código de Planeamiento Urbano que permite todo esto es el aprobado en el año 2000 por el “progresista” Aníbal Ibarra y sus aliados políticos y económicos, cuya continuación estamos viviendo.
Sólo hemos actuado como freno y como alerta pública, las organizaciones vecinales involucradas en estos temas, especialmente las ligadas a APEVU que intervinimos masivamente en la Audiencia Pública celebrada en la Legislatura de la Ciudad cuando se debatió y que continuamos resistiendo este “urbanismo salvaje”.
La falta de controles ciudadanos y de un ordenamiento común para la Ciudad Metropolitana, posibilita que cada presidente, cada gobernador, intendente o jefe de gobierno acomode los indicadores urbanísticos e improvise sobre ellos, sin que exista ningún control ni previsión sobre daños futuros. Hasta se da el colmo de intendentes que rellenan la ribera de su municipio en función de la especulación inmobiliaria (Vte. López). Todo esto se puede sintetizar en ordenanzas de excepción y leyes e interpretaciones de códigos a medida, lo que se ha convertido en norma.
Hoy el tiempo apremia, la Ciudad Metropolitana necesita un plan serio con participación democrática real. Los daños que se derivan de esta permisiva gestión son graves para la salud de sus habitantes y para la economía del país. Sólo benefician a “inversores” que hacen uso de dineros de origen nada claro.
En este marco defendemos las tierras públicas de la Ciudad Metropolitana de Buenos Aires; son piezas irremplazables que forman parte del patrimonio de los argentinos. Por eso reclamamos, con un proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad en abril de 2006, que la totalidad de las tierras del Estado Nacional que se transfieran a la Ciudad de Bs As, no se vendan y que sean dedicadas “a uso y utilidad pública”.
Eso significa:
-
Eliminar los daños por inundaciones periódicas urbanas.
-
Limpiar los ríos y recuperar sus bordes para un sistema de parques públicos.
-
Reorganizar y reconvertir a energías limpias el transporte de personas y mercaderías, evitando así que los trabajadores de las áreas mas alejadas pierdan el 20% de su vida productiva hacinados en transportes obsoletos.
-
Descentralizar y equilibrar la ocupación de la ciudad.
-
Resolver la insuficiencia de infraestructura de servicios y extender las redes a los sectores de población más vulnerables.
-
Proteger las pocas piezas de patrimonio histórico y cultural que han sobrevivido al saqueo privado y a la indiferencia y complicidad de los gobiernos.
-
Remover y/o reconvertir las industrias y otros sistemas productivos causales de polución y enfermedades (por ej. Polo Petroquímico).
-
Efectivizar un sistema sustentable de reciclado y disposición de residuos.
-
Trasladar el aeroparque metropolitano de la zona de alta densidad.
-
Encarar la vivienda de tipo social, dedicada a la población de escasos o nulos recursos, a través de un Plan Integral de Viviendas que ocupe inmuebles ociosos del Estado Nacional y de la Ciudad, distribuidos en la trama urbana ya construida.
Es tiempo de un accionar diferente, por eso los invitamos a sumarse a este movimiento vecinal organizado: para hacer firme la defensa de las tierras públicas; obtener la derogación de las ordenanzas de excepción y de las “interpretaciones” del Código de Planeamiento Urbano que habilitan negocios sucios.
Nuestra propuesta abarcativa permite desarrollar y gestionar, con participación comunitaria, un planeamiento ambiental integral para el logro del bien común.