La empresa Minera El Desquite S.A., subsidiaria de la canadiense Meridian Gold Inc. [1] inició una demanda a seis vecinos de Esquel acusándolos de haber difundido los planes de la minera encaminados a revertir el plesbicito popular por el no a la mina, ante el juzgado correccional nacional Nº 11 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juez Luis Schelgel.
Dos de los vecinos querellados son periodistas de FM Station que difundieron la grabación denunciada por los vecinos en una conferencia de prensa. El audio corresponde a una reunión de ejecutivos y asesores de la multinacional realizada en setiembre del 2003 en la que elaboraban estrategias para conspirar contra esta comunidad y torcer la voluntad del pueblo de Esquel que rechaza rotundamente la actividad minera por el saqueo y la contaminación que provoca.
En ese cónclave dan cuenta de sus contactos con los candidatos chubutenses a gobernador de las elecciones de ese año, al igual que con varios ministros y funcionarios del gobierno nacional. También establecen utilizar a sus empleados y familiares para incidir en las juntas vecinales, entre otras medidas tendientes a lograr lo que ellos llaman“licencia social para operar”. Pero la perversidad de lo denunciado por los vecinos queda demostrado cuando uno de sus ejecutivos puntualiza textualmente que “en Esquel no se deben enterar que vamos a torcer la voluntad del pueblo”.
A raíz de de estos acontecimientos los vecinos de Esquel realizaron este fin de semana una concurrida asamblea donde se comenzaron a analizar estrategias para rechazar y denunciar este complot contra la comunidad por parte del sector minero. Entre las medidas se decidió continuar con las habituales marchas de los días 4 y otras acciones locales y nacionales.
Una conspiración respetuosa
En un comunicado emitido por Meridian Gold luego de conocido el resultado de la consulta popular del 23 de marzo de 2003 donde el 81% de la población rechazó su proyecto minero, la empresa afirmó “respetaremos la voluntad del pueblo de Esquel”.
Sin embargo, unos meses después del plebiscito en esa reunión realizada en Buenos Aires en septiembre del 2003, la minera planificó de qué manera iba a revertir el rechazo popular a su proyecto de explotación de una mina de oro y plata. En ella participaron directivos locales y de Estados Unidos, junto con integrantes de su consultora norteamericana Business for Social Responsability (BSR) [2] y de la argentina Braga Menéndez y Asociados [3].
Primera embestida judicial contra vecinos
La persecución a media docena de vecinos es interpretada en la ciudad como una embestida contra el conjunto de la comunidad que todos los meses realiza marchas por el NO A LA MINA [4].
La demanda ratifica la total veracidad de las decisiones tomadas en aquella reunión del 2003 y pone de manifiesto la existencia de una conspiración para ejecutar el emprendimiento minero a pesar de que usará el método de explotación a cielo abierto y lixiviación con cianuro que está prohibido por la legislación provincial [5].
Mientras a lo largo del país suman decenas las comunidades que se levantan pacíficamente contra proyectos mineros, esta demanda es el primer caso de una arremetida judicial contra vecinos.
La embestida empresaria tiene sustento en la legislación minera argentina que coloca por encima de cualquier interés comunitario o regional la preeminencia de la actividad minera junto con inconcebibles beneficios fiscales, cambiarios y arancelarios a las empresas, sean nacionales o extranjeras.
En ese sentido, la política minera oficial acompañada por los gobiernos provinciales y patrocinada por el conjunto del sector minero, genera todo tipo de hostigamientos a las comunidades que resisten en defensa de las producciones sustentables y bienes naturales como el agua y el suelo.
[1] En el texto de la demanda a los vecinos, la empresa manifiesta que entre sus accionistas se halla un grupo con la denominación Meridian Gold Holdings (Cayman) Ltd., lo cual refiere a su probable sede en las Islas Cayman que es un conocido paraíso fiscal y centro financiero para el lavado de dinero.
[2] Tiene sede en San Francisco y se especializa en “práctica social responsable” asesorando a empresas que enfrentan o prevén conflictos por su actividad. Entre sus clientes figuran American Express Company, The Coca-Cola Company, Exxon Mobil Corporation, Ford Motor Company, General Electric Corporation, General Motors Corporation, IBM, Shell International, Sony Corporation y las grandes mineras Newmont Mining Corporation, Placer Dome Inc., Rio Tinto plc, entre otras de diversos rubros.
[3] Esta consultora asesora a empresas, gobiernos y también a diversas figuras de la política nacional y provincial, siendo quienes diseñaron la campaña electoral del actual presidente Néstor Kirchner.
[4] Cabe recordar que la minera permanece en Esquel con oficinas y depósitos, el gobierno no canceló la concesión del yacimiento ni las habilitaciones comerciales y los mineros realizan permanentes maniobras y conspiraciones para poder explotarlo.
[5] La Ley Provincial 5001 establece en el Artículo 1°: Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
