CHARLA-DEBATE EN LA LEGISLATURA PORTEÑA
“El Estado continúa ausente en materia habitacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay una política integral de vivienda, pese al mandato constitucional de dar efectivas soluciones a los problemas de la ciudadanía”. Esas fueron las principales conclusiones de la primera de las dos jornadas de charlas-debate “Todos tenemos derecho a un hogar”, organizadas por la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, que concluye mañana miércoles.
Este es un resumen de las conclusiones suministrado por la Oficina de Prensa del legislador Facundo Di Filippo, presidente de dicha Comisión:
Di Filippo, el primer expositor, sostuvo que la cuestión habitacional “es uno de los principales problemas” de la Ciudad de Buenos Aires, pues “más de 500.000 personas no tienen vivienda o habitan viviendas deficitarias”. Precisó que en todo el territorio porteño hay 13 villas -cuya población aumentó un 30 por ciento en los últimos cuatro años-, 55 asentamientos precarios, dos núcleos habitacionales transitorios, tres barrios municipales y once complejos habitacionales. A ello se suman -enfatizó- “una incalculable cantidad de casas tomadas, hoteles familiares, inquilinatos y conventillos”, los cuales “están muy lejos de ser viviendas dignas”.
“Esta situación se ha agrava día a día por la falta de una política integral de vivienda y por la disminución del presupuesto para ese fin. No existe ni en la ciudad ni en la Nación un ministerio de Vivienda ni la concepción de que es un deber constitucional del Estado solucionar el déficit habitacional”, indicó Di Filippo.
Luego precisó que en 2006 se destinó el seis por ciento del presupuesto total de la ciudad para la construcción de viviendas y, aunque esa cifra era totalmente insuficiente, al siguiente sólo se asignó el cinco por ciento y para este 2008 apenas un cuatro por ciento, lo que demuestra -destacó- “cual es la concepción macrista del derecho constitucional a una vivienda digna”.
Por último, Di Filippo dijo que pese a la emergencia habitacional declarada en la ciudad por la ley 1.408, sancionada en 2004, se producen, término promedio, dos desalojos por día y que para lo que resta del año se calcula que se producirá un desalojo diario, lo cual significará que 1.700 familias quedarán en la calle.
A su turno, el diputado porteño y ex constituyente Martín Hourest (Bloque Igualdad Social) calificó “de avanzada” a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está “claramente consagrado” el derecho a una vivienda digna y, en especial, “la obligación” del Estado a satisfacer las necesidades de “desarrollo y plena vida” de cada uno de los ciudadanos.
“Para el problema de la vivienda no hay solución de mercado, la solución es una política pública efectiva”, destacó el legislador, para inmediatamente advertir que “el espacio en la ciudad, el uso y el valor del suelo, lo manejan los desarrolladores inmobiliarios, los especuladores inmobiliarios”. Fue así que sostuvo que “no se puede diseñar una política integral de vivienda sin regular el mercado inmobiliario, un mercado salvaje”.
Por su parte, la Dra. Elena Liberatori, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la Ciudad, precisó que solucionar el déficit habitacional “debe ser una política efectiva y constante del Estado”, ya que es “responsabilidad y obligación” de los gobernantes “dirigir los recursos para satisfacer los derechos de los ciudadanos”, tras lo cual citó a juristas argentinos, italianos y españoles para destacar que el acceso a una vivienda digna “no es un derecho de segunda, es un derecho esencial para el desarrollo humano”.
En tanto, el Dr. Sebastián Tedeschi, coordinador del Programa de las Américas, hizo una reseña de todos los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional que consagran el derecho a la vivienda y, al citar los proyectos macristas de erradicación de la villa 31, advirtió que “los intereses inmobiliarios usan al Estado como abogado gratuito para sus negocios especulativos. Pareciera -subrayó- que los pobres no tienen derecho a vivir en Buenos Aires”.
Luego, el constitucionalista y catedrático Andrés Gil Domínguezexplicó que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuya redacción participó como asesor, establece un “orden socio-económico” donde “la economía debe estar al servicio de lo social”, lo cual significa que “los recursos son para satisfacer los derechos de todos los ciudadanos, en especial de los más débiles económicamente”.
